Ministerio de Justicia rechaza propuesta del Congreso para modificar ley de extinción de dominio
Ministerio de Justicia sobre ley de extinción del dominio. Foto: Andina.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de un comunicado, reafirmó su posición contra la propuesta del Congreso para modificar el proceso de extinción de dominio, contemplado en el Decreto Legislativo n.° 1373.
Según el MINJUSDH, esta herramienta permitió recuperar bienes ilícitos y destinarlos al beneficio de la ciudadanía, logrando así un notable crecimiento en la administración de bienes incautados.
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“Desde el 2019, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) del MINJUSDH se encarga de administrar y gestionar estos bienes incautados, a fin de retirarlos del circuito delictivo y asignarlos para su uso en beneficio de la ciudadanía y la seguridad ciudadana”, expuso la institución.
"Justamente, el Pronabi ha experimentado un crecimiento constante en la administración de bienes: en 2020 aumentaron un 32 %, en 2021 un 390 %, en 2022 un 138 %, en 2023 se registraron 698 nuevos bienes, y en 2024 se alcanzó un crecimiento del 44 % con 996 nuevos registros, totalizando 3248 bienes", añadió.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia rechazó rotundamente cualquier intento de limitar el alcance de la ley, advirtiendo que ello favorecería a organizaciones criminales y redes delictivas.
En diciembre del año pasado, la cartera ya había expresado su postura frente a dicha propuesta legislativa.
FISCALÍA DE LA NACIÓN SOBRE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Este martes, la fiscal de la nación, Delia Espinoza, también compartió el rechazo de la institución que representa frente a la ley de extinción de dominio.
“Las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga. Por eso pedimos al Congreso que medite y reflexione profundamente”, señaló.
En detalle, la titular del Ministerio Público (MP) expuso las repercusiones que traería la norma:
1.- Excluir de la ley bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos ambientales.
2.- Restringir la incautación de bienes solo en caso de una sentencia firme. Esto significaría que los criminales podrían emplear testaferros, transferir o desaparecer los bienes, entre otras maniobras para eludir la justicia.
3.- Limitar las investigaciones a un plazo máximo de cinco años, permitiendo que prescriban en ese tiempo. Como resultado, los delincuentes podrían conservar sus ganancias ilícitas, cuando es evidente que un bien obtenido ilegalmente nunca debería volverse legal.
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