La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo que el Gobierno ha heredado más de 200 conflictos sociales en todo el país y que para atenderlos, el Estado está asumiendo un rol diferente al que tenía tradicionalmente, ya no solo como “tramitador” sino de Estado fiscalizador, que atiende las demandas de la población.

“Esta es una etapa en la que el Estado asume un rol diferente del que ha tenido tradicionalmente, ya no vamos a ser un Estado solo tramitador, vamos a ser un Estado fiscalizador y además un Estado que atiende las demandas de la población”, enfatizó.

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Asimismo, Vásquez Chuquilín reafirmó su disposición a acudir al Congreso de la República para explicar los acuerdos con comunidades de Ayacucho y aclaró que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no clausura actividades, pero sí puede realizar el seguimiento y control de los planes de cierre de minas.

“Estamos claros que la PCM no clausura actividades, pero nosotros sí lo que hicimos fue decir que hay planes de cierre de minas y nosotros vamos a hacer el control”, señaló.

La titular de la PCM también precisó que el Ejecutivo no está desconociendo los acuerdos con las comunidades de Ayacucho. “El Ejecutivo no está desconociendo los compromisos a los que hemos llegado, nosotros trabajaremos en lo acordado que son tres cosas fundamentales”, dijo.

Precisó que se acompañarán los planes de cierre de minas, se trabajará el tema ambiental y de delimitación de cuencas que se está trabajando con la Autoridad Nacional del Agua, y se trabajará para generar un clima de paz, sin violencia.

Diálogo con ambas partes

Sobre la situación de las unidades mineras en Ayacucho, la premier Mirtha Vásquez señaló que se ha dialogado con las comunidades y con las empresas, y que desde un inicio se ha señalado que no existe ningún cierre unilateral de minas.

“Cuando estuvimos en Ayacucho anunciamos que seguiremos con los planes de cierre que tienen las empresas, no hay cierres unilaterales y cerrar una mina no es un hecho de un día para otro, sino es progresivo”, señaló.

En ese sentido, aclaró que las empresas pueden seguir pidiendo sus autorizaciones y estas tienen que pasar por una evaluación incluso con participación ciudadana. Además, indicó sobre las empresas mineras, que cada caso es diferente.

“Se va a evaluar caso por caso. Es verdad que en algunos casos hay más sanciones, hay abiertos procesos administrativos sancionadores, y en otros casos hay que evaluar cómo está la situación”, explicó.

Señaló que desde que asumió el cargo está recorriendo diversas regiones del país, como Cusco y Puno donde los conflictos están presentes, para escuchar a la gente y recoger sus demandas porque existen compromisos incumplidos que deben honrarse. Además, se viene dando un enfoque preventivo al abordaje de los conflictos sociales del país.

“Ahora mismo en el país tenemos más de 200 conflictos sociales embalsados, que vienen heredados de muchos gobiernos que no solo incumplieron, desatendieron las demandas de las poblaciones, sino que también utilizaron un mal mecanismo para abordar los conflictos”, indicó.

Del mismo modo, manifestó que frente a los conflictos sociales se necesita construir un clima de confianza y no de estigmatización. “Sé que hay desconfianza del lado de los inversionistas, pero no se puede reducir este tipo de situaciones a mineros y antimineros. Quiero reafirmar mi identidad no como antiminera sino como pro derechos de las poblaciones. Quiero que avancemos en el diálogo y sin estigmatizaciones”, finalizó.