Con relación a los lamentables hechos suscitados en la localidad de Pichanaki, región Junín, durante una protesta en contra de la empresa Pluspetrol, el Ministerio del Interior cumple con informar a la opinión pública lo siguiente:

1. Con el Memorándum N° 20-2015-DGPNP-CEOPOL-P1, de fecha 14 de enero de 2015 y distribuida a todas las dependencias policiales a nivel nacional, se dispuso la prohibición del uso de armas letales en operaciones de control de disturbios y mantenimiento del orden público.

2. En previsión a la ocurrencia de actos vandálicos y alteración del orden público, se desplazó a Pichanaki, La Merced y La Oroya un total de 1,700 efectivos policiales, equipados con escudos, cascos y material lacrimógeno, sin portar armas de fuego letales, en cumplimiento del memorándum referido en el punto anterior.

3. Las operaciones policiales en Pichanaki han sido monitoreadas permanentemente a través de los reportes remitidos por el comando policial de la zona que adelanto en su momento que no se habían usado armas letales.

4. Sin embargo, las investigaciones preliminares que vienen realizando la Inspectoría General del Ministerio del Interior y la Inspectoría General de la Policía Nacional demuestran que personal policial sí hizo uso de armas de fuego letales y de escopeta de perdigones, en distintos puntos de la ciudad, situación que es materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

5. Ante estos hechos, el sector Interior dispuso:

- El relevo del jefe policial operativo de Pichanaki, Coronel PNP Walter Figueroa Ingunza, y de otros trece oficiales que se desempeñaron como jefes operativos de las unidades de apoyo.

- La realización de las pericias en las armas de fuego y pruebas de absorción atómica a todos los efectivos policiales presentes en Pichanaki, con presencia del representante del Ministerio Público.

- Se ha dado instrucciones a la Inspectoría del Ministerio del Interior y la Inspectoría de la Policía Nacional a denunciar ante el Fuero Militar Policial a los efectivos policiales presuntos autores de delito de desobediencia, y remitir todo lo actuado al Ministerio Público para que determine la presunta comisión de delitos comunes, todo ello sin perjuicio de la sanción administrativa que el caso amerite.