Sala Constitucional Suprema obtiene certificación internacional ISO 37001 antisoborno
Magistrado Carlos Calderón Puertas con la certificación internacional del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016. Foto: difusión.
Tras varias semanas de auditoría y verificación de procesos sobre gestión, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo titular Carlos Calderón Puertas, obtuvo la certificación internacional del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016.
Esta distinción fue otorgada al tribunal supremo por la organización Global Certification Bureau S.A., entidad internacional acreditada en la certificación de sistemas de gestión, que hizo la evaluación durante diez jornadas.
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El magistrado supremo expresó que con el reconocimiento a la sala que él lidera son dos tribunales supremos las cuales han obtenido esta certificación, la otra es la Sala Penal Permanente.
“El objetivo es extender a otras dos salas supremas y a cuatro salas de las cortes superiores este año, y el 2026 a ocho o diez salas superiores, la idea es que todas las salas del Poder Judicial tengan su ISO 37001”, señaló.
Calderón Puertas explicó que el ISO 37001 está relacionado con las políticas antisoborno, que exigen a las instituciones, en este caso las salas supremas, un procedimiento para ser evaluadas en cualquier momento sobre diferentes gestiones propias del trabajo.
Para obtener esta certificación, fue necesario evaluar la gestión en los despachos judiciales, por ejemplo, una vez programadas las vistas de causa, cuándo se decide un caso, dónde está contenida la información de la decisión.
El magistrado refirió que conversaron con los representantes de Global Certification Bureau S.A., quienes les explicaron cuáles eran los temas que iban a gestionar, y durante varias semanas verificaron los procedimientos.
MAGISTRADO DESTACA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN
El juez Calderón Puertas consideró que esta certificación es importante porque permite a los magistrados y trabajadores, autocontrolarse y autofiscalizarse, saber lo que hacen y lo que deciden.
Asimismo, señaló que la única forma de que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el Poder Judicial es que los jueces y trabajadores permitan estos actos de fiscalización y de control.
Añadió que la idea fundamental es que el Poder Judicial y sus distintas salas, supremas y superiores, y juzgados tengan este certificado en un procedimiento que durará tres o cuatro años.
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