Vladimir Cerrón: Fiscalía pide 9 años de prisión por caso de resguardo irregular
El fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino formalizó la acusación en el marco del caso del ilegal resguardo de policías. Foto: Andina.
El Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín solicitó nueve años de prisión efectiva contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
El fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino formalizó la acusación en el marco del caso del ilegal resguardo de policías.
[Lee también: Petroperú: Carlos Linares fue designado presidente del directorio]
El Ministerio Público señala que los funcionarios del GORE Junín concertaron con efectivos policiales de la unidad de seguridad del Estado PNP Huancayo, para que sean contratados ilícitamente para el resguardo y seguridad de Cerrón Rojas en el periodo 2019 – 2021.
Asimismo, señala la Fiscalía que otros funcionarios se habrían interesado indebidamente en dichas contrataciones.
La tesis fiscal sostiene que los funcionarios del GORE Junín, a pesar de tener conocimiento de que los efectivos policiales fueron designados por la PNP para que presten seguridad y resguardo al gobernador, los contrataron para lo mismo, percibiendo doble remuneración estatal.
A esto se suma, que el sustento para la emisión de dichas órdenes de servicios, fueron las resoluciones ejecutivas regionales suscritas por los ex gobernadores regionales Cerrón Rojas y Orihuela Rojas, las mismas que se basaron en normas derogadas.
Con dicho accionar habrían ocasionado un perjuicio patrimonial para el Estado por la suma de S/103,500.00 soles, conforme lo estableció la Contraloría General de la República.
Por ello, la Fiscalía solicitó pena privativa de la libertad para los procesados que van desde los 4 años y 8 meses hasta los 12 años, entre otras.
VLADIMIR CERRÓN PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Actualmente, el líder del partido Perú Libre se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.