El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se pronunció sobre la denuncia periodística de presuntas irregularidades en la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) otorgado a damnificados y personas afectadas por las lluvias.

De acuerdo con una investigación realizada por el programa Panorama el último domingo, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, habría entregado bonos de arrendamiento a personas cuyas viviendas no sufrieron daños por las precipitaciones. 

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Sumado a ello, se denuncia que algunas familias ni siquiera llegaron a arrendar otro inmueble, porque sus viviendas siguen intactas.

Al respecto, la entidad emitió un comunicado para realizar una serie de aclaraciones a la información vertida por el medio de comunicación.

🔴 #COMUNICADO
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informa lo siguiente respecto al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias 👇. pic.twitter.com/iC6JwZ9ZSr

— Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) July 3, 2023

MINISTERIO DE VIVIENDA RESPONDE A DENUNCIA DE BONOS DE ARRENDAMIENTO

El Ministerio de Vivienda indica que, el 20 de junio del 2023, la Contraloría General de la República identificó situaciones adversas relacionadas al otorgamiento de este bono en el distrito de Puente Piedra, debido a que habría beneficiarios que no estarían viviendo en el lugar que acreditaron con un contrato de arrendamiento.

Tras consultar con la Municipalidad de Puente Piedra, el gobierno local informó al Ministerio de Vivienda sobre la variación del domicilio de algunos de los beneficiarios, que sustentó con la copia de nuevos contratos de alquiler.

Según el Ministerio de Vivienda, el informe de Contraloría al que hace referencia el reportaje muestra las direcciones registradas en los DNI de los beneficiarios, pero no las direcciones donde ellos residían cuando se suscitó la emergencia y que sí fueron dañadas y sujetas a validación, ubicadas en Malecón Chillón.

El Ministerio de Vivienda anunció que se han adoptado acciones a fin de salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos y la finalidad del otorgamiento de los bonos de arrendamiento.