Defensoría del Pueblo: institucionalidad de las Fuerzas Armadas debe ser estrictamente respetada
Andina
La Defensoría del Pueblo al referirse a los cambios recientemente producidos en la comandancia del Ejército peruano y la Fuerza Área del Perú pidió que se respete estrictamente la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.
Los mismos se han producido con el único fundamento que ambos comandantes generales se encontraban por cumplir 40 años de servicio. "Si bien esta causal podría conllevar la remoción en el cargo, tal circunstancia era conocida por el presidente y el ministro de Defensa cuando los nombró en sus puestos hace solo tres meses", agregan.
En un pronunciamiento público, expresan que "la ausencia de una suficiente motivación sobre las razones que justifiquen el cese abrupto de los citados comandantes de las Fuerzas Armadas sería contraria a los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional".
La jurisprudencia vinculante impone un límite expreso a la facultad discrecional del presidente de la República en esta materia, indican. "En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha precisado que las resoluciones mediante las cuales se dispone el pase a retiro por renovación de cuadros debe fundamentarse debidamente, con argumentos de derecho y de hecho", acotan.
Asimismo, remarcan que "son de extrema gravedad las recientes denuncias formuladas por el ex comandante general del Ejército. Conforme a sus declaraciones públicas, autoridades del Poder Ejecutivo del más alto nivel, habrían intentado alterar el orden merito a fin de favorecer el ascenso indebido de oficiales. Sobre el particular, corresponde a las autoridades involucradas ofrecer al país las explicaciones que la naturaleza de la denuncia exige".
"Los hechos descritos tendrían relevancia penal, motivo por el cual corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones del caso, conforme a sus competencias, manifiestan y subrayan que la Defensoría del Pueblo, con base en sus atribuciones constitucionales, solicitará información al Poder Ejecutivo sobre los hechos denunciados".
