La Comisión de Justicia excluyó a las rondas campesinas de un dictamen que busca establecer un nuevo Código Penal. El Poder Judicial se preocupa por que esto signifique una futura criminalización de los ronderos.

El cambio significará quitar a las rondas la facultad la facultad de impartir justicia, pese al reconocimiento que el Poder Judicial le ha dado, a través de acuerdos y políticas públicas.  

Las rondas son una institución social que por décadas han permitido combatir eficazmente la delincuencia y el terrorismo, supliendo las carencias del aparato Estatal en zonas alejadas del país, reconocen los expertos y la Historia.

El documento, elaborado por el grupo liderado por el congresista del PPC Juan Carlos Eguren, incluye el artículo 16º, sobre diversidad cultural y justicia indígena, que omite a las rondas campesinas de las jurisdicciones especiales para impartir justicia.

No obstante, el artículo 149° de la Constitución Política reconoce que las comunidades pueden "ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial". Similarmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

El grupo de trabajo argumenta que ambos documentos otorgan la facultad de impartir justicia a las comunidades campesinas y nativas, mas no a las rondas.

"Los convenios internacionales obligan a garantizar un tratamiento a las comunidades campesinas, no a las rondas. Ellas deben servir de apoyo o ayuda, pero no tienen un reconocimiento propio", explicó el titular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, sobre la postura.

Sin embargo, desde el Poder Judicial, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup) se ampara en un acuerdo de la Corte Suprema (2009) que reconoce la capacidad de las rondas campesinas para impartir justicia.