El Comité ProMujer en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Concytec hizo un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio Público para brindar desde los ámbitos de sus competencias, las medidas de seguridad orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de la Dra. Ruth Shady, de su equipo técnico y profesional y del sitio arqueológico de Caral, ubicado en el Valle de Supe de la provincia de Barranca.

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Recordó que hace más de un año que el Concytec emitió un pronunciamiento ante la ocupación ilegal de un área que corresponde al sitio arqueológico de Caral, por traficantes de tierras, que para lograr sus objetivos han contratado sicarios capaces de atentar sin reparo contra la vida de la investigadora, insigne arqueóloga y educadora, quien hace 12 años logró que la Ciudad Sagrada de Caral, principal centro urbano de la Civilización Caral, la más antigua de América,  sea elevada a la categoría de Patrimonio Mundial de la UNESCO, confirmando su valor universal excepcional que debe ser protegido para beneficio de todos los peruanos y de la humanidad.

Señaló que enn octubre pasado, la Dra. Ruth Shady y la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, manifestaron que continúan las amenazas al sitio arqueológico y a los científicos que en este lugar trabajan; amenazas que han recrudecido recientemente.

Ruth Shady manifiesta que aún cuando ha realizado diversas diligencias ante el Ministerio del Interior, no cuenta con el resguardo de efectivos policiales, creándole serios problemas, al punto que su salud física y emocional están siendo afectadas.

Finalizan manifestando que la vida de una investigadora del nivel de Ruth Shady, considerada por un medio británico como una de las 100 mujeres más influentes del planeta, por su incansable e invalorable labor a favor del desarrollo social y cultural del país y el mundo; merece sin duda la atención especial e inmediata de nuestras autoridades.  Confiamos que, en el Perú, la justicia y el estado de derecho prevalezcan sobre intereses mezquinos y delincuenciales. 

Suscriben el documento Josefina Takahashi Sato, Luz María Paucar Menacho, Mercedes Inés Carazo de Cabellos, Karina Zevallos Obreros, Ursula Hartman Canalle, María Fe Sanchez Malpartida, María Concepción Rivera Chira, Margarete Díaz Cuadros y Elsa Cortijo Aragón.