La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró procedente la denuncia constitucional contra el expresidente, Pedro Castillo Terrones, por una presunta infracción constitucional del artículo 38 y el primer numeral del artículo 118 de la Carta Magna.

La decisión obtuvo 13 votos a favor, 6 votos en contra y cero abstenciones.

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El artículo 38 de la Constitución Política del Perú establece que todos “los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Asimismo, el primer numeral del artículo 118 esgrimido, define que corresponde al presidente de la República “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.

La denuncia constitucional fue presentada por la congresista Rosselli Amuruz y, de acuerdo con el informe de calificación elaborado por la secretaría técnica de la SAC, se cumplen todos los requisitos de formalidad para este caso.

La denuncia incluye, además, al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez; y los ministros de Defensa, Daniel Barragán Coloma; del Interior, Willy Huerta Olivas; Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina; de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo; de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán; de Educación, Rosendo Serna Román; Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo Escalante; de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra.

También, los exministros de Producción, Jorge Prado Palomino; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino; de Energía y Minas, Alessandra Herrera Jara; de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo Quispe; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón; de Salud, Kelly Portalatino Ávalos; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila Moscoso; de Ambiente, de Ambiente, Wilbert Rozas Beltrán y de Cultura, Betssy Chávez Chino.

Todos ellos por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución.

En segundo lugar, la denuncia constitucional dispone la acumulación en los extremos declarados con las denuncias constitucionales 318, 320, 322, 324 y 325 acumuladas.

En tercer lugar, declara improcedente, contra los denunciados, la presunta infracción de los artículos 39 y 43 d, 117, 118, 133, 128, 133 y 134 de la Constitución Política, así como la imputación de la presunta comisión de los delitos conspiración para una rebelión, sedición o motín, y se recomienda en ambos extremos su archivo.

Finalizado este punto, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, propuso ampliar la agenda para elegir al congresista delegado de la denuncia constitucional 318, 320 322 324 y 325 acumuladas; elección que recayó en el congresista José Arriola Tueros, (AP).

Denuncia constitucional 300

Asimismo, la titular de la SAC informó que las audiencias correspondientes al Informe de Determinación de Hechos y Pertinencia de Pruebas de la (DC) 300, formulada por la congresista Patricia Chirinos, se efectuará en “tiempo oportuno” para que se garantice el debido proceso.

Esto, debido a que se iniciará el proceso de remitir oficios para recabar información a por los menos 40 instituciones involucradas, y corresponde citar a un total de 101 testigos.

La (DC) 300 es contra los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Juan Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López, y Elvis Vergara Mendoza, por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución, y la presunta comisión de los delitos de Colusión Agravada, Cohecho Pasivo Impropio, Organización Criminal y Tráfico de Influencias.

Audiencias

Como primer punto de la agenda se aceptó lo propuesto por la titular del grupo de trabajo parlamentario de reprogramar las audiencias correspondientes de las (DC) 024 (Ex 326) y (DC) 098 (Ex 448), para el viernes 13 de enero de 2022, a las 9 y 10 de la mañana, respectivamente.