La presidenta Dina Boluarte se refirió al informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los sucesos ocurridos en varias zonas del país durante las protestas que se registraron a finales del año pasado e inicios de 2023. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre aun cuando se manifieste de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”.

Fue durante una conferencia de prensa luego de sostener una sesión del consejo de ministros, en la que se evaluó de manera preliminar el informe emitido por la misión de alto nivel de la CIDH elaborado luego de sus dos visitas a nuestro país.

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Boluarte remarcó que el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos porque son pilares fundamentales de todo sistema democrático y por ello, recordó que tan luego empezaron las manifestaciones cursaron una invitación a dicho organismo internacional.   

Su gestión, según indicó, lamenta las pérdidas de vidas humanas y actos vandálicos, pero prevalece el interés por conocer la verdad.  En ese sentido dijo que se atendió el pedido de un presupuesto adicional del Ministerio Público por lo que ha podido conformar un grupo de fiscales independientes abocados a este caso. “Son los organismos de justicia los encargados de investigar”, enfatizó.

Dina Boluarte también remarcó que en este gobierno “no hay ningún hecho de discriminación, de ninguna índole”. Esto en referencia a lo señalado en el informe que el debate público en el país tiene una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales.  

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte afirmó que evaluarán las recomendaciones de dicho informe y, conforme al marco constitucional, las irán atendiendo.

Dina Boluarte saluda posición de CIDH sobre golpe de Estado

En otro momento de la conferencia, la jefa de Estado resaltó que la misión de la CIDH haya establecido claramente su posición sobre el golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre pasado. “Saludamos que la comisión haya establecido claramente que el 7 de diciembre de 2022 el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar golpe de Estado atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano”.

“Esa trasgresión al Estado de derecho requirió de una respuesta inmediata por parte de autoridades nacionales que actuando en defensa de la democracia y del Estado de derecho hicieron posible el restablecimiento del orden constitucional. Este hecho, que está en el origen de los sucesos en el país, es recogido explícitamente por la comisión”, agregó.

Asimismo, destacó que la misión de alto nivel ha rechazado el exceso de quienes protestaron de manera violenta ocasionando consecuencias fatales para el país.  Al mismo tiempo, reconoce que el Estado peruano tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional del uso de la fuerza con estándares internacionales; además, reconoce la apertura del diálogo y actos del Ejecutivo sobre todo en regiones del sur.

Dina Boluarte dijo que el país es testigo de los esfuerzos de su gobierno no solo para evitar la violencia sino para que prime el diálogo, la paz social y atender las justas demandas de la población.