Pedro Castillo: presentan nueva denuncia constitucional contra el expresidente y dos exministros
Expresidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo. Foto: Andina.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo como presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Esto por actos cometidos durante su gestión (2021-2022).
A través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el Ministerio Público informó que esta denuncia también alcanza a los exministros Geiner Alvarado, en su calidad de titular de la cartera de Vivienda; y Félix Chero Medina, exministro de Justicia y Derechos Humanos. Ambos por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
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¿DE QUÉ SE LE ACUSA A PEDRO CASTILLO Y A SUS EXMINISTROS?
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos están referidos a la solicitud de dinero que habría efectuado el exmandatario Pedro Castillo a Geiner Alvarado, a cambio de mantenerlo en el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Por su parte, el exministro Geiner Alvarado habría solicitado dinero a Sada Goray, representante de la empresa Markagroup, a cambio del reemplazo del presidente y miembros del directorio del Fondo Mivivienda. Este pedido se habría realizado por intermedio de Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.
"Además, se beneficiaría con S/ 376 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas habría asignado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar programas del Fondo Mivivienda", señala la Fiscalía de la Nación sobre el exministro Alvarado.
En cuanto a Félix Chero, el documento señala que el exministro habría solicitado dinero a Geiner Alvarado a cambio del reemplazo del superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, "requerido por este último al expresidente Pedro Castillo".
TRÁMITE DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Cabe precisar que la denuncia constitucional fue interpuesta ante el Congreso de la República, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales calificará su admisibilidad.
De considerarse procedente, la subcomisión investigará el caso y podría convocar audiencias para solicitar descargos. Si se aprueba la acusación, una Comisión Acusadora deberá sustentar el caso en el Pleno del Congreso, que deberá debatir y votar por una eventual sanción o su archivamiento.
Si se formula causa de delito de función, el expediente se remite al fiscal de la nación para que determine cual medida tomar.
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