Junta de Fiscales Supremos interpondrá demanda de inconstitucionalidad contra ley sobre lesa humanidad
Rechazan ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Foto: Andina.
La Junta de Fiscales Supremos acordó interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Mediante un comunicado, expresó su rechazo a dicha norma porque atenta contra la defensa de los ddhh debido a que se contrapone a los estándares internacionales reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y otros tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado.
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El Ministerio Público considera que esta ley “vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad”.
Asimismo, argumentó que esta tendrá un “impacto negativo” en la investigación y procesos judiciales en casos de especial gravedad, como Madre Mía, El Frontón, Barrios Altos, El Santa, Accomarca, Cantuta-Pativilca, Comando Rodrigo Franco, Leonor La Rosa, entre otros.
“Frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, y perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia, y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes”, advierten.
CONGRESO PROMULGÓ LEY SOBRE ALCANCES DEDELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA
Como se recuerda, el pasado 9 de agosto, el Congreso de la República promulgó la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, ya que el Poder Ejecutivo no se pronunció sobre la materia.
La iniciativa, promovida por los parlamentarios Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democracia), fue aprobada en segunda votación el pasado 4 de julio por la Comisión Permanente.