Las comunidades indígenas de la zona de influencia del Lote 192, en Loreto, recibirán en forma directa el 0.75% del valor la producción fiscalizada de este lote petrolero. Se trata de un acuerdo con el Estado, alcanzado ayer a través del mecanismo de consulta previa. El benefició será usado “única y exclusivamente” para proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental.

La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, informó que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, logró acuerdos con 13 comunidades y organizaciones representativas de las 25 comunidades que habitan en la zona de influencia del Lote 192.  

Balbuena explicó que el porcentaje de 0.75  fue producto de una evaluación y propuesto por el sector de Energía y Minas, en base a estudios técnicos, a fin que no se desincentive la inversión privada en la explotación de hidrocarburos.

El Lote 192 es el de mayor producción de petróleo en el Perú y representa el 17% del total.

Sobre la consulta

La consulta previa realizada con las comunidades asentadas en la citada jurisdicción, según refirió Balbuena, “es el primero” que se lleva a cabo en un lote petrolero en explotación, y que además tiene una “compleja historia” marcada por hechos vinculados a la contaminación ambiental y afectación a las comunidades.

“Es un reto mayor para el Estado lograr acuerdos y la confianza de parte de las comunidades y sus organizaciones para sentarse a dialogar, en medio de este clima de desconfianza. Creo que es una noticia muy importante”, agregó.

El proceso de consulta previa por el Lote 192 se inició a comienzos de mayo del presente año, y en julio se llegaron a diferentes acuerdos con la Organización Interétnicas del Alto Pastaza (ORIAP).

Sin embargo, con la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) y la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) todavía continúa el proceso porque no han aceptado la fórmula propuesta.

Balbuena recordó, de otro lado, que el derecho a la consulta previa se desprende del Convenio 169 que el Perú suscribió con la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Se aprobó como ley el 2011 y se reglamentó el 2012, a fin que las comunidades indígenas participen en las decisiones del Estado que afectan sus derechos colectivos a la tierra o recursos naturales.

(Fuente: Andina)