El pleno del Congreso de la República devolvió a la Comisión de Constitución el dictamen que prohíbe postular a cargos públicos a condenados por asesinato y terrorismo. Con 84 votos a favor, 21 en contra y una abstención, se aprobó una cuestión previa, planteada por la congresista Francis Paredes Castro (Podemos Perú), para que la propuesta sea analizada en el referido grupo de trabajo.

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No hubo consenso para aprobar el nuevo texto sustitutorio que había excluido los delitos dolosos. Solo se consideran los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, rebelión, sedición y motín. 

La congresista Susel Paredes (JPP-CD), calificó de inaceptable y vergonzoso el dictamen que elimina delitos por organización criminal, secuestro y corrupción de funcionarios y violación. "Nosotros vamos a hacer una ley para que nuestros adversarios no puedan postular. Entonces yo hago una carrera de carros y elimino todas las marcas que no son del carro que yo voy a usar para llegar solita y ganar las elecciones. 

A su turno, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País), respaldó el proyecto y criticó a los congresistas que se manifestaron en contra y los acusó de querer dinamitar la democracia. "Qué fácil es decir que no se ha incluido esto (...)para después finalmente hacerse los dignos entre comillas y permitir que se siga dinamitando la democracia". 

Las posiciones encontradas de los congresistas generaron incidentes en la votación de la primera cuestión previa para que esta iniciativa vuelva a comisión. El congresista Waldemar Cerrón (PL), quien estaba dirigiendo el debate en la Mesa Directiva, tuvo que suspender la sesión y llamó a junta de portavoces. 

Previamente, la presidenta de la Comisión Constitución y Reglamento, Martha Moyano (FP), sustentó los detalles del nuevo texto sustitutorio del dictamen y explicó los impedimentos para postular a cargos de elección popular.

En ese sentido, la modificación del artículo 34-A de la Carta Magna establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

Añade que, “en el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva, con sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, así como por los delitos de rebelión, sedición y motín. El impedimento subsiste diez años después de que estas han sido declaradas rehabilitadas”.

También, dispone que están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, por el mismo periodo, las personas comprendidas en los supuestos establecidos en el artículo 34-A.

Al inicio del debate, la parlamentaria Lady Camones Soriano (APP) indicó que esta iniciativa legislativa busca promover la idoneidad en los cargos públicos, tanto de los que asumen por designación, como de los que asumen por elección popular.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) indicó que esta iniciativa es una oportunidad para proteger el derecho de todos los peruanos a vivir en un estado de derecho y un ambiente democrático.

Al finalizar la sesión del pleno, la presidenta de la Comisión de Constitución dijo que espera encontrar el consenso requerido para esta propuesta de reforma constitucional, que sería puesta a debate en la próxima legislatura del Congreso.