Gobierno prorroga estado de emergencia en provincias de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona de emergencia. Foto: Andina (Archivo)
El Gobierno prorrogó el estado de emergencia por 60 días, a partir del 31 de mayo, en 12 distritos y 8 centros poblados de provincias pertenecientes a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.
La norma, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, precisa que la medida también se extiende a la franja territorial denominada Eje Energético del Gas de Camisea, que abarca una distancia de ocho kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas, desde el centro poblado Nuevo Mundo (Cusco) hasta el distrito de Anco (Ayacucho).
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Asimismo, incluye la franja territorial denominada Corredor Operacional Fluvial – Terrestre del Ene, que comprende ambas márgenes del río Ene, abarcando zonas de los departamentos de Cusco y Junín.
La norma señala que esta decisión responde a una evaluación de las autoridades, quienes han determinado la continuidad de actividades terroristas de Sendero Luminoso y del tráfico ilícito de drogas en la zona.
Durante el estado de emergencia, se restringe el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
CONTROL DEL ORDEN INTERNO
El dispositivo dispone que, durante la prórroga del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de dicho objetivo.
Además, se precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
También se dispone que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los distritos, centros poblados y franjas territoriales comprendidos en esta medida.
La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados.
La norma lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro del Interior, Carlos Malaver; y el ministro de Justicia, Juan Alcántara.
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