La congresista Patricia Chirinos (AP), presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acusándolo de archivar la investigación sobre la compra de pruebas rápidas de COVID-19 durante el gobierno de Martín Vizcarra y otros altos funcionarios

La denuncia incluye los cargos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos procesales, posiblemente constituyendo un delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales según el artículo 377 del Código Penal Peruano.

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 La congresista Chirinos argumenta que el representante del Ministerio Público tenía la obligación de continuar la investigación y no lo hizo sin una justificación válida, afectando a millones de peruanos y peruanas que buscan justicia por la muerte de sus familiares fallecidos durante la pandemia.” Esta decisión sin una base sólida, demuestra una falta de diligencia y un incumplimiento de sus obligaciones en el cargo. 

La acusación señala que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena ha infringido gravemente los artículos 39° y 159° de la Constitución.

El documento precisa que, en marzo de 2020, altos funcionarios del gobierno peruano, incluyendo al entonces presidente Martín Vizcarra, aprobaron la adquisición de pruebas rápidas para la detección del COVID-19, desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Contraloría General de la República y de la Comisión Investigadora del Congreso de la República.

Posteriores informes señalaron que estas pruebas eran ineficaces y perjudicaron la salud pública. Pese a la existencia de esta información, el Fiscal de la Nación decidió archivar definitivamente la investigación, lo que ha sido percibido como una acción arbitraria y un desvío de sus funciones.