CIDH expresa preocupación "por interferencia del Congreso" en el funcionamiento de otros poderes
CIDH pidió al Estado "tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes". Foto: Congreso
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la "interferencia" del Congreso de la República en el funcionamiento de otros poderes públicos del país.
Indicó que las afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos "pueden resultar en el debilitamiento del estado de derecho en Perú".
"Resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Por esta razón, la comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia", se lee en el documento.
CIDH SOBRE PROYECTOS CONTRA LA JNJ, JNE Y OTRAS ENTIDADES
La CIDH hizo énfasis en las recientes iniciativas legislativas para eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear en su lugar una Escuela Nacional de la Magistratura. Esta medida también plantea que los titulares de la ONPE y Reniec sean desginados o destituidos en el futuro por el Senado.
"En particular, preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la JNJ, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción", mencionaron.
Por otro lado, se pronunció por las acciones ejercidas "en contra del sistema electoral, las cuales afectan su independencia".
"El presidente del JNE ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el Pleno del Congreso. En el trámite de los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación", indicaron.
CIDH CUESTIONA PROCEDIMIENTOS CONTRA FISCALES Y LA JNJ
La comisión también cuestionó la denuncia constitucional por presunta infracción constitucional, que presentaron cinco congresistas, contra la fiscal suprema titular Delia Espinoza, quien está a cargo de la investigación contra la exfiscal de la nación, Patricia Benavides.
También por los 14 procedimientos adelantados contra la JNJ, que condujeron a la inhabilitación de dos de sus integrantes, "en un escenario en donde se ha señalado la existencia de violaciones al principio de legalidad y separación de poderes".
"Los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso, tales como denuncias constitucionales, han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político. A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y, la otra, a la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público, que resultaría en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones", agrega el texto.
CIDH ALERTA SOBRE DEBILITAMIENTO DE DEMOCRACIA EN PERÚ
La CIDH reiteró que el respeto de la democracia conlleva asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos.
En este modelo, las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, "con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad".
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"Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico", advirtió.
Consideraron que el ejercicio del poder del Parlamento "ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado", lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos.
"Es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente", señalaron.
Por ese motivo, la CIDH pidió al Estado "demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos".
"Debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia. Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales", expresaron.
Precisaron que estas medidas son esenciales para recuperar de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del estado de derecho.
