5 de abril de 1992: a 33 años del autogolpe que cambió la historia del Perú
El expresidente Alberto Fujimori, en su mensaje a la nación, el 5 de abril de 1992. Foto: captura.
Hoy se cumplen 33 años del autogolpe del 5 de abril de 1992, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del Perú. Eran las diez de la noche, o quizás un poco más, cuando medio país se alistaba para apagar sus televisores e irse a descansar. Fue en ese momento cuando apareció en la televisión nacional el entonces presidente Alberto Fujimori, con un mensaje a la nación.
Pocos podrían imaginar que ese mensaje cambiaría el destino del Perú, debido a las consecuencias políticas, sociales y económicas que implicarían los anuncios.
[Lee también: Presidenta Boluarte afirma que cabecillas de bandas criminales terminarán en el penal de Challapalca]
El jefe de Estado de ese entonces inició su alocución destacando algunos de los logros económicos de su gobierno, como el control de la inflación y la reinserción del país en el ámbito financiero internacional. No obstante, advertía que no se podía seguir avanzando debido a la descomposición de la institucionalidad vigente. En ese contexto, acusó al Poder Legislativo y al Poder Judicial de inoperancia y corrupción, así como de no estar identificados con los grandes intereses nacionales. Además, los responsabilizó de trabar la acción del Gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacional.
Asimismo, el mandatario denunció la actitud obstruccionista y las conjuras encubiertas de las cúpulas partidarias contra su gobierno. “Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron”, agregó.
En su recuento, el jefe de Estado acusó al Parlamento de debilidad e inconsecuencia en la lucha contra el narcotráfico, debido a la derogación del Decreto Legislativo n.º 736, que —afirmó— dejaba al país desarmado para sancionar el tráfico ilícito de drogas.
También acusó al Congreso de no respetar los mandatos constitucionales al promulgar la Ley n.º 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, la cual —según señaló— recortaba sus atribuciones para gobernar en aspectos como la política económica y la lucha antiterrorista.
Finalmente, denunció al Congreso por elevar su presupuesto “groseramente” y por extender indebidamente las cédulas vivas a exparlamentarios.
En cuanto a la administración de justicia, Fujimori señaló que estaba dominada por el sectarismo político, la venalidad y la irresponsabilidad. "El país está harto de esta realidad y desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana”, sentenció.
Militares custodian una calle en el centro de Lima. Foto: archivo de El Peruano.
“DISOLVER DISOLVER”: LA FRASE QUE QUEDÓ MARCADA EN LA MEMORIA DEL PERUANO
El presidente Fujimori afirmó que ni el Parlamento ni el Poder Judicial eran agentes de cambio, sino más bien frenos para la transformación y el progreso. Acto seguido, anunció la disolución temporal del Congreso de la República:
“Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la cual se aprobará mediante un plebiscito nacional”.
Además, anunció la reorganización total del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la reestructuración de la Contraloría General de la República, con el objetivo de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública.
Militares frente al Poder Judicial. Foto: archivo de El Peruano.
GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
El jefe de Estado señaló que la continuidad de su mandato se daría, transitoriamente, a través de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, cuyos principales objetivos serían: la modificación de la Constitución Política; la moralización radical del Poder Judicial y de las instituciones relacionadas; la modernización de la administración pública; y la pacificación del país, dentro de un marco jurídico que sancionara en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes.
Asimismo, propuso la lucha frontal contra el narcotráfico y las actividades ilícitas relacionadas; sancionar ejemplarmente todos los casos de inmoralidad y corrupción en la administración pública; promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que brinde seguridad; y fomentar la eficiencia y competitividad de los agentes económicos, entre otros objetivos.
Militares frente al Congreso de la República: Foto: Andina
MILITARES EN LAS CALLES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mientras los peruanos aún intentaban procesar los anuncios de Alberto Fujimori, instituciones públicas como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y varios medios de comunicación fueron tomados por tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Paralelamente, se ordenó el arresto de los exministros apristas Abel Salinas y Agustín Mantilla, así como del expresidente Alan García, quien logró escapar de sus captores y, finalmente, solicitaría asilo diplomático en Colombia. También fue detenido el periodista Gustavo Gorriti.
La ruptura del orden constitucional encontró un inesperado apoyo entre la población. De acuerdo con una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado (actualmente Ipsos Perú), el 80 % de los peruanos estaba a favor de la disolución del Congreso, y el 81 % aprobaba el cese de la Corte Suprema, según información recogida por José Alejandro Godoy en su libro El último dictador.
Sin embargo, en el ámbito internacional la situación fue distinta. Varios gobiernos latinoamericanos y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron la interrupción del orden constitucional en el Perú. Venezuela rompió relaciones diplomáticas, Argentina llamó a su embajador a consulta, Colombia suspendió sus relaciones diplomáticas y Estados Unidos suspendió la ayuda económica al país.
Finalmente, la presión internacional obligó al presidente Alberto Fujimori a convocar elecciones para el 22 de noviembre de 1992, con el fin de elegir a los miembros del Congreso Constituyente Democrático (CCD), encargado de redactar la Carta Magna de 1993.
El autogolpe del 5 de abril de 1992 redefinió la política peruana. Para algunos, representó una decisión necesaria para recuperar el orden y la estabilidad; para otros, fue un grave atentado contra la democracia. Treinta y tres años después, el debate sigue abierto.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR:
