En diálogo con TV Perú Noticias, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, señaló que la denuncia constitucional de la Fiscalía contra la mandataria por presunto homicidio y lesiones, en el marco de las protestas de fines del 2022 a inicios del 2023, también debería ser resuelta con el archivamiento, como ocurrió hoy frente a la imputación por genocidio.

Durante su intervención, la defensa legal sostuvo que esta acusación, devenida del expediente de los sucesos ocurridos durante las manifestaciones, tendría que ser resuelta -de igual forma- por el Ministerio Público (MP).

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"Se trata de una acusación cuyos términos no conocemos porque se ha presentado ante la SAC, pero que apunta al delito de homicidio y lesiones. Por tratarse de la misma imputación, la situación de la responsabilidad de la presidenta debería evaluarse de la misma manera como anteriormente”, declaró en exclusiva. 

En ese sentido, Campos enfatizó con que la imputación por presunto genocidio contra la titular del Ejecutivo significó una pérdida de tiempo de un año y medio. “Fue tardío, pero siempre importante porque se trata del bienestar del país. (La Fiscalía) no puede establecer imputaciones absurdas, tanto que lo ha archivado con los argumentos que hemos dado todo este tiempo", compartió. 

“El genocidio es el acto letal contra un grupo humano por lo que es y no por lo que hace”, agregó fehacientemente.

Finalmente, reafirmó que el Poder Ejecutivo -durante las protestas- dio instrucciones para controlar el orden interno mientras un sector desarrollaba acciones que no estaban amparadas en el derecho constitucional.

SOBRE EL CASO

Cabe recordar que, el MP decidió dividir en dos la denuncia constitucional -presentada al Congreso- contra la jefa de Estado. A detalle, esta entidad anunció que no continuará con la acusación por genocidio, pero sí ante los presuntos delitos de homicidio y lesiones.