Unidades de flagrancia buscan acelerar la justicia penal
Desde su implementación en 2022, las unidades de flagrancia se han extendido a los 34 distritos judiciales del país, con un total de 38 sedes operativas. Foto: captura.
Las unidades de flagrancia se han consolidado como un mecanismo clave para acelerar la resolución de procesos penales en el país. Estas estructuras especializadas reúnen en un solo espacio físico a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Defensa Pública, con el objetivo de atender de manera inmediata los casos en los que una persona es detenida en flagrancia.
Así lo explicó la defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Giuliana Yataco Torres, en TVPerú Noticias, donde detalló que estas unidades permiten resolver la situación jurídica de los detenidos en un plazo máximo de 72 horas. Según indicó, este modelo responde a la necesidad de ofrecer una justicia oportuna frente a la percepción de impunidad asociada a procesos extensos.
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ORIGEN Y EXPANSIÓN A NIVEL NACIONAL
La primera unidad de flagrancia se implementó en el año 2022 en la región La Libertad, específicamente en el distrito de El Porvenir, como una experiencia piloto. Desde ese punto de partida, el modelo se ha extendido progresivamente a todo el país. Actualmente, existen 38 unidades de flagrancia distribuidas en los 34 distritos judiciales, con una priorización inicial en las zonas de mayor incidencia delictiva.
Este despliegue ha permitido reducir la carga procesal de los juzgados, al resolver en pocos días casos que antes podían tardar uno o dos años. La defensora pública señaló que esta política pública busca dar una respuesta concreta frente a la inseguridad ciudadana, mediante una actuación coordinada entre todas las instituciones del sistema de justicia.
¿QUÉ CASOS INGRESAN A FLAGRANCIA?
Las unidades de flagrancia atienden delitos que no revisten complejidad. Quedan excluidos los casos de terrorismo y espionaje, los cuales cuentan con un tratamiento especial. La flagrancia se configura cuando una persona es detenida en el momento de cometer un delito o cuando huye inmediatamente después de haberlo cometido, con evidencia clara de su vinculación al hecho.
En estos supuestos, el detenido es trasladado a la unidad de flagrancia, donde el Ministerio Público puede incoar un proceso inmediato. En una sola audiencia, el juez evalúa los elementos de prueba recabados y emite una decisión dentro del plazo establecido. Incluso delitos graves, como el feminicidio, pueden resolverse bajo esta figura, siempre que exista una detención en flagrancia debidamente acreditada.
ROL DE LA POLICÍA Y ARRESTO CIUDADANO
La Policía Nacional cumple un rol central en la custodia y traslado de las personas detenidas. No obstante, el marco legal también contempla el arresto ciudadano. Cualquier persona que sea testigo directo de un delito puede retener al presunto autor hasta la llegada de la policía, siempre que las condiciones lo permitan y sin poner en riesgo su integridad.
Esta figura permite preservar la escena del delito y facilitar la intervención de las autoridades, lo que refuerza la eficacia de la flagrancia como herramienta de respuesta inmediata.
IMPACTO EN LA DEFENSA PÚBLICA
La Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participa de manera permanente en las unidades de flagrancia, tanto en la defensa de los detenidos como en el patrocinio de las víctimas. Durante el año 2025, esta entidad superó los 27 000 casos entre patrocinios penales y atención a víctimas vinculadas a estos procesos.
Finalmente, se recordó que la Defensa Pública brinda asesoría legal gratuita a nivel nacional. La ciudadanía puede acceder a este servicio a través de la línea 1884, opción 2, o acudiendo a las oficinas disponibles en las distintas regiones del país.
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