“Con bastante satisfacción hemos recibido este fallo histórico, que más que una sentencia es una gran herramienta jurídica”, fue la primera impresión del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, al conocer el fallo del Poder Judicial que declara fundada parte de la acción de amparo que presentó para que empresas privadas importen vacunas contra el COVID-19 y aplicarlas gratuitamente a su personal.  

“Ordene a sus procuradores públicos a que ya no apelen esta sentencia porque francamente este es un reconocimiento o una reivindicación de los miles de muertos peruanos”, agregó al burgomaestre.

No obstante, en el fallo, el Poder Judicial declara infundada la demanda en el extremo de ordenar la liberalización total de la importación de vacunas, así como el extremo que pide autorizar a los gobiernos locales y regionales la importación de dosis.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que no hay nada especial en la resolución pues ya esta dentro del marco de la ley. “Existen 868 empresas que están autorizadas por Digemid para importar medicamentos y vacunas, por lo tanto, no hay nada nuevo. (…) Nadie ha impedido, lo que pasa es que nadie les ha vendido. Ya lo hemos explicado. Por ejemplo, la empresa Pfizer nos ha explicado a nosotros que ellos prefieren venderles a los gobiernos”.

En el caso de los gobiernos regionales y municipales al ser organizamos del Estado debe haber una coordinación previa. “Lógicamente tienen que coordinar con el propio Estado para hacer compras en escala y a buenos precios”.

El alcalde de La Molina señaló que se espera que el Ejecutivo reglamente el procedimiento que debe seguir las empresas para importar estas vacunas. Sin embargo, el titular de salud precisó que el Ejecutivo no reglamente sentencia de jueces.

“No hay nada que reglamentar, la ley ya está reglamentada. (…) No hay nada que impida lo que el juez está sentenciando”, finalizó.