El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó cualquier forma de violencia contra niños y adolescentes tras la difusión de un video en redes sociales que muestra castigos físicos a menores en una comunidad indígena.

A través de la red social X, el MIMP informó que ha accedido al video y está tomando medidas para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados con el fin de intervenir y garantizar su protección.

[Lee también: Universidad Nacional de Trujillo destituyó a siete profesores por acoso sexual]

El video, que ha circulado recientemente, muestra a dos menores de una comunidad awajún en Bagua siendo sometidos a un castigo físico brutal "presuntamente para que adquieran virilidad". Los menores son obligados a dar vueltas sobre una alfombra de ishanga, una planta con espinas, mientras gritan de dolor.

Euner Cajecuya, un joven de la comunidad awajún, explicó que esta práctica, aunque dolorosa, ha sido normalizada en algunas comunidades indígenas. Cajecuya, quien también fue sometido a esta forma de castigo desde los 7 hasta los 15 años, denunció que se utilizaba para intentar cambiar el comportamiento de los niños, especialmente en relación con su orientación sexual.

La abogada Claudia Zumaeta tipificó estas prácticas como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de los menores, calificándolas de violencia psicológica.

RESPONSABLES PODRÍAN ENFRENTAR HASTA 15 AÑOS DE PRISIÓN

Zumaeta subrayó que las autoridades deberían actuar de oficio, dado que los menores están en una situación de vulnerabilidad. Agregó que el consentimiento de los padres no justifica la exposición de los niños a estos peligros. “Cuál es el agravante. Es que es un menor de edad, el interés superior del niño se cuida”, agregó.

Zumaeta advierte que estas acciones superan a la práctica tradicional ya que atenta contra la salud de los menores. Precisó que los involucrados pueden enfrentar hasta 15 años de cárcel.

Según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) 2019, en Perú el 58.5% de la población adulta tolera o justifica el castigo físico a niños, niñas y adolescentes.