Gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en Zarumilla, Virú, Trujillo y Pataz
La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias de Zarumilla, Virú, Trujillo y Pataz. Foto: TVPerú Noticias
El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia declarado en la provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como en las provincias de Virú, Trujillo y Pataz, en la región La Libertad.
La medida fue oficializada a través de cuatro decretos supremos, publicados en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, los cuales precisan que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.
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Durante este período, se suspenden varias garantías constitucionales, entre ellas, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Los decretos precisan que esta decisión se tomó por recomendación de la Comandancia General de la PNP, sustentada en informes reservados de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú, y de las direcciones de las regiones policiales de Tumbes (Zarumilla) y La Libertad (Trujillo, Virú y Pataz).
¿QUÉ PASA EN ZARUMILLA, VIRÚ, TRUJILLO Y PATAZ?
El decreto relativo a Zarumilla destaca que en esa zona se cometen delitos como el tráfico ilícito de drogas, contrabando, trata de personas, lavado de activos y tráfico de armas. En Virú, se reporta que los índices delictivos incluyen homicidios, robos y otros crímenes.
En Trujillo, se señala que los delitos con mayor incidencia son homicidios, robo de vehículos, hurtos, robos, entre otros. Además, persisten los delitos contra el patrimonio, como la extorsión, cometidos por organizaciones y bandas criminales que utilizan armas de fuego y artefactos explosivos, lo que sigue perturbando el orden interno.
Finalmente, en la provincia de Pataz, se informa que la problemática de la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos continúan afectando gravemente el orden interno.
La implementación de las acciones previstas en los cuatro decretos supremos se financiará con el presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, así como con las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Las cuatro resoluciones llevan la firma de la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, Juan José Santivañez y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
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