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Acusación por presunto financiamiento ilícito contra Dina Boluarte no tiene asidero, señala su abogado

Para comenzar, no existen campañas vicepresidenciales, todos los aportes que se dan, se hacen en una campaña presidencial, expresó.
16:30 horas - Lunes, 3 Abril 2023

La acusación por presunto financiamiento ilícito contra la presidenta Dina Boluarte no tiene asidero, señaló su abogado, Joseph Campos.

"Para comenzar, no existen campañas vice presidenciales. Todos los aportes que se dan respecto a la cual se mueven, personas, viajes, etc, se hacen en una campaña presidencial", expresó.

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El letrado precisó que la jefa de Estado no ha negado conocer a Henry Shimabukuru, ni Maritza Sánchez. Ella afirmó que lo tuvo en su entorno, no los puede negar, ni tampoco negó que Shimabukuru haya hecho algunos aportes a través de Sánchez, agregó.

Respecto a la investigación por genocidio que abrió la fiscal de la nación a la presidenta Boluarte, junto a algunos de sus ministros, el abogado sostuvo que se debe indagar caso por caso las muertes ocurridas en las manifestaciones.

"Porque incluso puede ser, aunque parezca paradóco, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere. ¿Por qué? Digamos que existe una agresión brutal por parte de este señor a un efectivo policial. En legítima defensa puede ocurrir esa situación", aseveró.

"Todo eso... y sino que se sancione al policía o al militar que no tuvo la prudencia, ni la forma correcta de usar la ley, pero justo la evaluación y la responsabilidad de la acción se agota en el ministro", agregó.

"Lo que hace la presidenta de la república es ordenar que se restablezca el orden, porque es su deber constitucional, que no se trata de carta blanca", afirmó. 

En ese sentido, exhortó a la Fiscalía que archive el caso, porque "no es bueno para la democracia exagerar, que no es bueno para la democracia que haya un presidente o una presidenta señalada de genocida". 

Campos dijo entonces que la presidenta Boluarte no tiene responsabilidad legal alguna y que la propia Constitución le excluye por su investidura.



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