Como parte de las facultades legislativas que el Congreso concedió al Poder Ejecutivo, el Gobierno aprobó aumentar de 10% a 20% el incentivo económico, adicional al valor de tasación, que se otorgará a los ciudadanos que opten por vender de manera directa sus terrenos o inmuebles, en caso de que éstos resulten afectados por el desarrollo de obras de infraestructura.

De esta manera, se busca evitar engorrosos procesos de expropiación, con los altos costos económicos, legales y sociales que ello conlleva, promoviendo la compra por trato directo, lo cual permitirá reducir considerablemente los plazos de adquisición de los predios para la ejecución de los proyectos de infraestructura, según señala el Decreto Legislativo N° 1330.

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Con la antigua norma adquirir y tomar posesión efectiva de los terrenos podía demorar hasta dos años. Con las modificaciones aprobadas, este proceso debería finalizar entre seis y ocho meses para lograr el objetivo de comprar y tomar posesión de los predios a fin de ejecutar los proyectos en los plazos establecidos. Además, esta medida permitirá al Estado cumplir con sus obligaciones contractuales y así evitar demandas de los contratistas y concesionarios por incumplimientos en la entrega de áreas liberadas.

Asimismo, la norma establece nuevos mecanismos para garantizar que los valores de tasación sean los correctos, según precios del mercado. También mejora en varios aspectos los procesos de toma de posesión de los bienes y su saneamiento legal para su inscripción a favor de las entidades del Estado.

Finalmente, esto va a permitir que los proyectos de infraestructura que se requieren para la reactivación económica del país, se empiecen a ejecutar con mejores condiciones para todas las partes involucradas, afectados, Estado, concesionarios y contratistas.