La Defensoría del Pueblo requirió al Ministerio de Salud (Minsa) evaluar y, de ser el caso, adoptar medidas inmediatas que permitan proteger la salud de la población ante la permanencia de petróleo en parte de las playas de uso recreacional que resultaron impactadas por el derrame de crudo ocurrido el año pasado frente a las costas del mar de Ventanilla; y liderar su implementación, en coordinación con las autoridades locales. Ello debe ir acompañado de información clara a la población sobre las medidas dispuestas.

El pedido fue hecho con carácter de urgente ante el inicio de la temporada de verano, que origina que una gran cantidad de personas opten por asistir a las playas ubicadas en esta parte del litoral. Asimismo, tras haber culminado la prórroga de la declaratoria de emergencia ambiental y al estar próximos de que se cumpla el primer año desde que ocurrió el derrame de petróleo.

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Cabe indicar que, según información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), hasta octubre de 2022, un total de 48 playas ubicadas en los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama, Chancay y Huacho continuaban afectadas por la presencia de petróleo. Por su parte, ocurrido el desastre la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) identificó un total de 25 playas de uso recreativo que fueron afectadas por el derramamiento de crudo. Asimismo, según OEFA un grupo de 14 playas fueron declaradas como libres de hidrocarburo, dentro de las cuales tres son de uso recreacional (playa Hermosa, playa San Francisco Chico y playa Enanos).

Sumado a ello, en una supervisión realizada este jueves 12 de enero a las playas Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero, ubicadas en Ventanilla, pudo evidenciarse la presencia de público en las zonas de playa pese a la advertencia hecha en carteles en los que se informa que no son aptas para bañistas.

Sin perjuicio de los avances realizados por la autoridad de fiscalización ambiental, la institución informa que con antelación recomendó a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, disponga acciones de vigilancia sanitaria que considere estándares para hidrocarburos, sin advertirse avances hasta el momento. Frente a esta situación es que se recurre al Minsa, en su calidad de ente rector en materia de salud pública, para que en base a análisis específicos y en atención a los resultados determine las medidas que deberán implementar las autoridades locales de cada distrito para proteger el derecho a la salud de la población.

Así lo sostuvo Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien advirtió que, en un documento dirigido al Minsa, se precisa que el contacto con hidrocarburo en las playas contaminadas puede originar casos de cefalea, irritación de la piel, ojos, mareos, sofocación, náuseas y vómitos entre otros cuadros de afectación a la salud. Asimismo, que la falta de labores de monitoreo con estándares para hidrocarburos retrasa la evaluación de medidas y la toma de decisiones que prevengan riesgos en la salud de las personas.

“En atención a ello, se requiere que el Minsa, en su condición de ente rector en materia de salud, en coordinación con la Digesa, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, y los gobiernos regionales y locales competentes, evalúe y de ser el caso, disponga las medidas que resulten más efectivas para proteger la salud de las personas, en atención a la persistencia de la contaminación ambiental en la zona del litoral marino y teniendo en cuenta el aumento de la demanda de acceso a las playas que se genera como consecuencia de la temporada de verano”, se lee en el documento dirigido al sector, al que se pide también que las medidas que se adopten sean debidamente comunicadas a la ciudadanía.

“Es impostergable que la población sea informada sobre las medidas establecidas y por establecer respecto a las playas de uso recreacional que evidencian presencia de contaminación por hidrocarburos, tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en el Terminal Multiboyas” remarcó la representante de la Defensoría del Pueblo.

(Con información de la Defensoría del Pueblo)