El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que desde las 8 a. m. del sábado 5 de junio entrará en vigor la disposición que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio peruano, con motivo del proceso de la segunda vuelta de la elección presidencial que se celebrará el domingo 6 de junio.

El ente electoral advirtió que la vulneración de esta restricción, que se mantendrá hasta las 8 a. m. del lunes 7 de junio, se sancionará con cárcel no mayor de seis meses, multa de 2790 soles y pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía.

Dicha medida forma parte de las restricciones electorales que comenzaron a regir desde el lunes 31 de mayo, con la que prohíbe la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir entre 44 000 y 440 000 soles.

Asimismo, desde las 12 a. m. del viernes 4 de junio, ya no se podrá realizar reuniones o manifestaciones de carácter político. Su transgresión, conforme al artículo 388 de la LOE, se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años. Mientras que todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde las 12 a. m. del sábado 5 de junio.

Además, la restricción incluye la intervención de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Su incumplimiento acarreará una multa de entre 30 UIT (132,000 soles) y 100 UIT (440,000 soles) o una pena de prisión no menor de dos años.

Igualmente, el domingo 6 de junio, día de la segunda elección presidencial, entre las 7 a.m. y 7 p. m., no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. 

Los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.