Con el objetivo de garantizar la protección del derecho a la salud, el Gobierno autorizó a la administradora del Seguro Integral de Salud (SIS) a afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional que no cuente con seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica.

Así lo establece el Decreto de Urgencia N° 046-2021, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, que tiene por objetivo dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan asegurar la protección de toda la población que enfrente algún evento negativo y no cuente con un seguro de salud, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Además, la norma indica que el SIS financiará la afiliación, así como la prestación de salud a toda la población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y alto andinas sin seguro de salud.

Para tal efecto, el Gobierno autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las modificaciones presupuestarias, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por 250 millones de soles a favor del SIS.

De este presupuesto, 196 millones 343 901 soles se destinan para financiar las acciones a cargo del SIS en relación con la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y Planes Complementarios de los afiliados en el marco del Decreto de Urgencia N° 017-2019, así como para afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional.

Asimismo, 30 millones 355 747 soles se destinarán para financiar prioritariamente la atención de trasplantes y tratamientos oncológicos de los tipos de cáncer incluidos en la Lista de Enfermedades de Alto Costo (LEAC).

Finalmente, otros 23 millones 300 352 soles serán para financiar la afiliación y la prestación de salud a toda población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y altoandinas que, durante el Año Fiscal 2021, no cuente con ningún seguro de salud, independientemente de la clasificación socioeconómica, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud.