sicariato

El juez supremo Iván Guerrero López advirtió que tanto la persona que ordena el asesinato, así como el que la ejecuta son considerados sicarios y podrían ser condenados a la pena máxima; cadena perpetua, sin obtener ningún beneficio penitenciario como la semilibertad o la liberación condicional.

La ola de delincuencia que azota al país llevó al Gobierno a elaborar un proyecto de ley para tipificar el nuevo delito de terrorismo urbano y atacar así a las organizaciones criminales que matan, secuestran y extorsionan a empresarios, profesionales, bodegueros, ambulantes y hasta vecinos de condominios.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que el Poder Ejecutivo presentará su proyecto de ley sobre terrorismo urbano para enfrentar a la criminalidad organizada en el país.

En el objetivo de luchar contra la inseguridad ciudadana, la presidenta Dina Boluarte entregó 120 camionetas a las comisarías de la región policial de Piura para reforzar la seguridad y el orden interno de esa región, tan golpeada por la delincuencia organizada. 

En San Martín de Porres, delincuentes en motocicleta asesinaron a un menor de edad. Los testigos indican que hubo una fuerte gresca antes del crimen.

Personal especializado del Ministerio Público realizó un operativo la madrugada del domingo en el penal Piedras Gordas hallando números de cuentas bancarias y de teléfonos de empresas.

Un vigilante fue asesinado por sicarios cuando resguardaba el mercado La Cachina, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con los comerciantes, el crimen estaría relacionado con las mafias que cobran cupos. 

Balacera en Comas. Dos sicarios desataron el terror en la avenida Juan Bautista, cerca al colegio Primero de Abril, tras perseguir a balazos a sus víctimas.

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, pidió este lunes presencia de las Fuerzas Armadas para que trabaje junto con la Policía Nacional ante la ola de sicariato y extorsión en el distrito limeño.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó que los menores de edad de 16 y 17 años que comentan delitos graves sean sentenciados y enviados a prisión.