La Contraloría General de la República insta al gobernador regional de Áncash y a su Consejo Regional a disponer la inmediata restitución de la capacidad operativa de su Órgano de Control Institucional (OCI) y a cautelar que no se obstaculice e interfiera con la función de control en esa jurisdicción.

La Contraloría recuerda que, de acuerdo a la Ley 27785, es deber legal de toda entidad del Estado apoyar las labores de control y contribuir en la lucha contra la corrupción.

En caso de infringirse dicho deber legal, se verá obligada a proceder formalmente para hacer efectiva las responsabilidades penales y/o administrativas que derivan de dicha infracción.

La razón

La Contraloría explicó que el Gobierno Regional de Áncash, mediante el incumplimiento en el pago de remuneraciones y la no renovación de contratos de nueve profesionales, ha reducido la capacidad operativa de su OCI.

La reducción de la capacidad operativa, directamente, afecta el cumplimiento del Plan Anual de Control 2015 y repercute en el normal desempeño de las funciones asignadas al OCI del referido gobierno regional.

La Contraloría General de la República ha requerido formalmente al Gobierno Regional de Áncash que cumpla con el deber legal de proporcionar personal, recursos y los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dicha entidad.

Advierte que la omisión o incumplimiento para la implantación o implementación de los Órganos de Control Institucional o la afectación de su autonomía es una infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General.

Pese a dicho requerimiento, el Gobierno Regional de Áncash, a la fecha no ha cumplido con reponerlas 9 plazas de personal profesional correspondiente al OCI, lo que produce una disminución de más del 50 por ciento de la capacidad operativa del órgano de control del Gobierno Regional.