Yenifer Paredes no podrá comunicarse más con el expresidente Pedro Castillo; ni con su hermana, la ex primera dama Lilia Paredes. Así lo dispuso el Poder Judicial, luego de admitir el pedido del Ministerio Público a fin de modificar las normas de conducta que pesan sobre la cuñada del exmandatario en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso Anguía.

La decisión, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, impide a Yenifer Paredes, investigada por el presunto delito de organización criminal, entablar comunicación no solo con el expresidente y su hermana, sino también con testigos y otros investigados en la carpeta fiscal correspondiente a este caso.

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Durante la audiencia, realizada este miércoles 9 de mayo, la Fiscalía de la Nación argumentó el pedido para añadir nuevas restricciones contra Yenifer Paredes por su presunta participación en actos de corrupción cometidos por la red criminal que habría liderado Pedro Castillo.

🔴#LoÚltimo. Juzgado dispone prohibir a Yenifer Paredes comunicarse con testigos y coinvestigados en proceso en su contra por organización criminal y abstenerse de brindar declaraciones a la prensa sobre hechos concernientes a referido caso. pic.twitter.com/mEqRDdkDNN

 

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 10, 2023

Tras conocerse que Yenifer Paredes Navarro habría visitado hasta en 12 oportunidades al ex jefe de Estado, en el penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva, la Fiscalía advirtió que estos encuentros podrían obstaculizar el proceso.

Por esa misma razón, el Ministerio Público también solicitó prohibirle a Paredes brindar declaraciones a los medios de comunicación, precisamente, sobre el caso que se le imputa.

En su defensa, Yenifer Paredes señaló que sus visitas a la Diroes eran supervisadas por personal del INPE. Pese a ello, el Octavo Juzgado falló a favor de aprobar ambas medidas restrictivas.

Hasta el momento, Yenifer Paredes afrontaba la investigación en su contra bajo comparecencia restrictiva, con ciertas reglas de conductas. Entre ellas, no poder abandonar ni cambiar de residencia sin previa autorización del Poder Judicial, así como acudir mensualmente a la oficina de control biométrico del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.