El secretario general de Transparencia, Gustavo Távara, sostuvo que en lo referido al financiamiento de campañas el Congreso de la República ha dado un paso adelante pero tres hacia atrás limitando la capacidad de supervisión de ONPE.

Mientras que se estableció la bancarización de todos los aportes superiores a una UIT y la prohibición de recibir aportes de condenados o personas con prisión preventiva por delitos graves como narcotráfico, lavado de activos, corrupción, terrorismo y otros delitos; se mantienen las mismas sanciones a base de multas.

“ONPE no ha podido jamás cobrar una multa porque no tiene capacidad de cobranza coactiva. Las multas son un saludo a la bandera”, remarcó en Cara a Cara.

[Lee también: Candidatos a comicios municipales y regionales rendirán cuentas ante la ONPE]

Agregó que ahora la ONPE ya no puede exigir a los candidatos que le presenten informes de gastos durante la campaña sino luego de esta, cuando los ganadores hayan recibido las credenciales.

“Se está limitando la capacidad de supervisión de ONPE y se está quitando a los electores una fuente de información importante. El 7 de octubre vamos a ir a votar sin saber quién financió a los candidatos”, acotó.

Asimismo previó que la prohibición de recibir aportes de condenados o personas con prisión preventiva no va a ser posible de verificar precisamente porque los partidos están exonerados de presentarle informes a ONPE durante la campaña.