El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que su gestión evalúa redactar un proyecto de ley para aplicar en la capital las medidas usadas en El Salvador para combatir la inseguridad ciudadana.

“En la próxima sesión de regidores, podríamos redactar una iniciativa legislativa para que se aplique en el Perú medidas que son exitosas en El Salvador”, declaró este lunes 28 de agosto. 

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El anuncio del alcalde capitalino se dio en medio de la conferencia internacional llamada 'Estrategias para reducir la criminalidad en el Perú', en la que participó Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, de El Salvador. 

En dicho evento, la autoridad salvadoreña se refirió sobre la situación actual de inseguridad en el país y señaló que el Perú “está en el momento exacto” de aplicar medidas más severas como las impuestas por el presidente Nayib Bukele. 

“Están en el momento exacto para tomar esas decisiones y corregir. Los derechos humanos de las personas honradas deben prevalecer sobre los derechos de las personas que son parte de grupos delincuenciales”, declaró el alcalde de Santa Ana a los medios de prensa. 

Mencionó que en su país, El Salvador, se realizaron cambios como la modificación del Código Penal, la ley juvenil y la aplicación del estado de excepción para frenar los altos índices de criminalidad. 

En esta conferencia también participó Hernan Sifuentes, alcalde del distrito limeño de San Martín de Porres. La autoridad edil consideró importante la articulación con el Poder Ejecutivo para luchar contra la delincuencia. 

“Sabemos que el plan ‘Bukele’ depende del Gobierno central. Ningún alcalde puede decir que puede aplicar el método si no es con la presencia del Estado”, precisó.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE PLAN BUKELE

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió sobre la propuesta de aplicar en el Perú un plan similar al de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Indicó que su institución tiene el deber de alertar sobre cualquier exceso que podría significar la implementación de una política pública que atente contra los derechos humanos.

"Nosotros debemos siempre alertar los excesos que podría significar cualquier política que vaya en [contra los derechos humanos]", declaró. 

El funcionario señaló que, más bien, está a favor de aplicar una política preventiva para reducir los niveles de criminalidad.