La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el embargo de los bienes del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el marco de las investigaciones por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, perpetrado el pasado 7 de diciembre.

En la solicitud de dicha entidad, se establece que existe una pretensión civil resarcitoria que asciende a S/67 millones 711 mil 48.

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Entre las propiedades consignadas se encuentra un departamento ubicado en la calle Los Eucaliptos, en el distrito limeño de San Isidro, valorizado en US$236,800. Así como un sótano y un estacionamiento en el mismo lugar, ambos valorizados en US$15 000.

Además, se menciona a otros cinco inmuebles en la urbanización Pando, en el Cercado de Lima. Además de un vehículo Jeep que tendría un costo estimado de US$20,000.

En el proceso por el delito de rebelión también están investigados, además de Aníbal Torres, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

PROCURADURÍA PIDIÓ INICIAR DILIGENCIAS CONTRA 3 CONGRESISTAS

El Procurador General del Estado, Daniel Soria, solicitó a la Fiscalía que inicie con las diligencias preliminares contra los congresistas Raúl Doroteo (Acción Popular), Javier Padilla (Renovación Popular) y Silvana Robles (no agrupada) por haber solicitado reembolsos de combustible en días que no cumplían funciones legislativas.

A través de sus redes sociales, la Procuraduría precisó que la denuncia interpuesta contra los parlamentarios es por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado.

“La denuncia se da en el marco del artículo 387º del Código Penal y a raíz de un presunto reembolso de combustible en actividades que no cumplían representación oficial”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de la institución.