El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, tendría planeado postular a la Presidencia de la República en un futuro, y en el caso de que no pueda concretar su candidatura lo haría en su reemplazo un integrante de su entorno familia, según afirmó su abogado y exministro Walter Ayala.

Cabe precisar que Castillo Terrones viene siendo investigado por el presunto delito de rebelión, debido al fallido golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022.  

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"Si el expresidente piensa en un futuro postular, diría que sí, sino sería él, sería su esposa (Lilia Paredes) o su hija o una persona cercana a su círculo", sostuvo en declaraciones para RPP.

Asimismo, la defensa del exmandatario indicó que la situación de su defendido ya se ha visto en otros países de la región, en el que gobernantes han sido destituidos, encarcelados y han regresado al poder.  

"Lo que sucede con el expresidente Castillo ya ha pasado en otros países. En Brasil, Lula da Silva estuvo preso, en Honduras (Manuel) Zelaya fue sacado del gobierno y estuvo preso y ahora su esposa es presidenta, también pasó en Colombia con (Gustavo) Petro. Entonces hay personas que estuvieron en el poder, luego fueron destituidas y encarceladas y luego han vuelto al poder", agregó.

Recordemos que la semana pasada, el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso devolver a la Fiscalía la acusación contra el expresidente Castillo y otorgó cinco días de plazo para que subsane observaciones formuladas por la defensa de los encausados. Ello en el marco de las investigaciones por el fallido golpe de Estado.

PEDRO CASTILLO: CONGRESO RECHAZÓ PEDIDO PARA ACCEDER A PENSIÓN VITALICIA

En mayo pasado, el Congreso rechazó la solicitud del expresidente Pedro Castillo para acceder a una pensión vitalicia de 15 600 soles. La petición no procedió y fue sustentada por el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento.

En el documento se explica que el exmandatario tiene este beneficio suspendido debido a que el Parlamento le formuló una acusación constitucional.