El Ministerio Público solicitó 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por perpetrar el fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022.

Por el delito de rebelión, se piden 25 años de prisión contra la expremier Betssy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, así como los oficiales de la PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

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A través de la red social X (anteriormente Twitter), el Ministerio Público informa que se solicitan 15 años de pena privativa de la libertad contra Aníbal Torres Vásquez por el delito de rebelión.

El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.

ABOGADO JAMES RODRÍGUEZ: PEDIDO FISCAL CONTRA PEDRO CASTILLO TIENE ASIDERO LEGAL

El abogado penalista James Rodríguez aseguró que existe un fundamento legal en el pedido del Ministerio Público contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, y esto se refleja en el mensaje a la Nación emitido el 7 de diciembre de 2022.

“No olvidemos que todo el país ha presenciado cómo el expresidente Pedro Castillo anunció que iba a generar un golpe al sistema democrático en su pronunciamiento. La conducta tipificada indica el quiebre del sistema democrático”, agregó.

Rodríguez explicó que después de esta acusación fiscal se llevará a cabo una audiencia de control de acusación con Juan Carlos Checkley Soria, quien es el responsable de estos casos, actuando como Juez Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

El penalista precisó que corresponde actuar a un juez Supremo porque los involucrados en el caso tienen fuero o inmunidad.

Rodríguez explicó que el juez de Investigación Preparatoria, Checkley, va a enmarcar el comportamiento típico de cada uno de los imputados y, a través de ello, determinar si esta acusación de la fiscalía se ajusta al comportamiento ilícito que indica la ley. “Si pasa este control de acusación, viene la etapa final que sería el juicio oral”, sostuvo.

Además, descartó los argumentos de la defensa de Pedro Castillo que sostiene que hay una persecución política en su contra.

Señaló que la persecución política ocurre cuando el Estado está constantemente hostigando y persiguiendo políticamente a una persona por sus ideas, y en el caso del expresidente, todo el país escuchó el quiebre del orden constitucional mediante el mensaje a la Nación.

El abogado penalista opinó que los argumentos de la defensa de Pedro Castillo son bastante débiles al señalar que se encontraba con perturbación mental y no sabía lo que estaba leyendo.

Finalmente, señaló que hubo actos preparatorios, lo cual se sustenta en el papel que Betssy Chávez desempeñó en la emisión del mensaje del 7 de diciembre y en el mismo documento que leyó el expresidente Castillo, encontrado en las computadoras de la PCM.