El Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para conocer la disposición fiscal que autorizó el nombramiento del agente especial "Roberto" y la resolución judicial que dispuso su actuación.

La defensa de Patricia Benavides afirmó que el propósito del pedido era conocer el objetivo y las acciones específicas que debía llevar a cabo el agente especial.

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"La defensa solicita la disposición fiscal que autorizó el nombramiento del agente especial para determinar si se cumplió con el procedimiento legal establecido por la normativa procesal penal. De no ser así, podría generar nulidad", agregó.

Por su parte, la Fiscalía indicó que la investigación del agente se originó en una carpeta ajena a la Fiscalía Suprema. Desde su designación, el agente cuenta con protección, reserva de identidad y control policial para coadyuvar en la investigación iniciada por EFICCOP.

"El agente especial tiene una naturaleza especial de protección por parte del Ministerio Público cuando se han seguido los procedimientos desde su designación, la reserva de su identidad y el control a través de personal policial para coadyuvar en la investigación de EFICCOP", agregó.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, desestimó la solicitud debido a que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios informó que no cuenta con la información requerida.

"Durante el debate en audiencia se determinó que la fiscalía suprema contra la cual se plantea la solicitud de tutela de derechos no dispone de las actuaciones procesales (fiscal y judicial) solicitadas por la defensa. Por lo tanto, no se restringe de ninguna manera el derecho de la investigada Benavides Vargas o de sus abogados defensores para acceder al expediente fiscal o a la información y documentación correspondiente", precisó.