El presidente del Tribunal de Responsabilidades Administrativas, Enrique Aguilar, indicó que se estaría generando un daño con los 15 mil 200 procedimientos administrativos que quedan pendientes en la Contraloría debido a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que deja sin marco legal para sancionar.

Aguilar señaló que de ser efectiva la sentencia, se perjudicarían los procesos de funcionarios públicos puesto que quedarían suspendidos: “No estamos adelantando opinión, pero nos quedaríamos sin procedimientos para determinar si son o no responsables”, aseveró. 

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Del mismo modo, el presidente de la Sala 2 del Tribunal de Responsabilidad, Gustavo Rivera, manifestó que si bien la facultad sancionadora de la Contraloría ha quedado incólume, no es posible ejercerla en la práctica y que dichos efectos no podrán ser aplicados a un tiempo pasado, a menos que los procesos sean consentidos.

“A partir de mañana se empezarían a aplicar los efectos de la sentencia, todos los procesos que tenemos hasta la fecha abiertos tendríamos que suspenderlos porque ya no tenemos ninguna conducta infractora que imputar y ninguna sanción que aplicar”, dijo Rivera.

Algunos de los procedimientos en curso más importantes involucran el caso Chincheros, que perjudica al Estado en 40 millones de dólares; el caso de la Autoridad Eléctrica del Sistema de Transporte de Lima, Callao y Ate, que perjudica en 20 millones de dólares y el caso de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao donde se estima una pérdida de 60 millones de soles.

“El sentir es público. Si bien es cierto, no se pueden atropellar a los funcionarios públicos, pero tenemos que velar por los intereses de la ciudadanía en general”. Indicó Enrique Aguilar.

La Contraloría General de la República presentará, en los próximos días, un proyecto de ley al Congreso de la República para mantener la facultad de sancionar a aquellos servidores públicos que incurren en infracciones graves y muy graves.