Para el abogado penalista, Dr. Carlos Caro, el caso de la vacunación del expresidente de la República, Martín Vizcarra, sí genera un “indicio para poder investigar un hecho de corrupción”, esto debido a que “en materia de contratación pública, las contrapartes que representan al Estado peruano (en este caso el presidente, ministros, etc) no pueden recibir ningún tipo de dádiva o regalos de una contraparte de la negociación”.

De esa manera, lo que sostiene el abogado Caro es que, “si el Estado peruano estaba negociando vacunas, un lote millonario por varios millones de soles con una empresa china como Sinopharm, el presidente no podía inocularse esta vacuna”.

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El problema de trasfondo, para el abogado penalista, son los hechos colaterales, los mismos que pueden abundar en una situación de corrupción. Además, indicó que, al no existir una ficha médica del expresidente en la lista de voluntarios, ni un consentimiento informado y, al haber recibido la dosis en el Palacio de Gobierno, podrían significar un caso de favorecimiento.

“Algo importantísimo, es que cualquier investigación -de haberla- no puede manchar el proceso de vacunación. En materia penal, las responsabilidades son personalísimas y no se pueden extender a los demás. Entonces, no sería oportuno que el proceso de vacunación urgente y necesario en el país se vea manchado o se interrumpa por un tema de esta naturaleza”, enfatizó.

Cabe resaltar que, el Dr. Germán Málaga también representa la contraparte del Estado peruano, ya que estaba encargado del proceso del ensayo clínico; y, según las declaraciones del exmandatario, el jefe de ensayos le realizó la inoculación el 2 de octubre del 2020 en el Palacio de Gobierno.

“Por lo tanto, tenía un deber de custodia la forma de la cual él ha sustraído estas 2 vacunas para poner inocularselas al Sr. Vizcarra y a su esposa, sin seguir los protocolos y violando las reglas… Llena esto de irregularidades y hace que el propio Sr. Málaga pueda ser investigado tanto en la parte penal y en la cuestión ética del Colegio Médico”.

Asimismo, remarcó que “como esto es un hecho que se ha producido en la gestión presidencial podría haber acá un delito de función. Entonces, la Fiscalía de la Nación es la que tendría que iniciar una investigación, pero encapsulando la situación del Sr. Vizcarra para no manchar toda la gestión del contrato y no interrumpir la entrega de las vacunas”.