La declaratoria de emergencia y de inamovilidad en Lima y Callao el pasado 5 de abril estuvo sustentada en la necesidad de posibilitar que las Fuerzas Armadas colaboraran con la Policía Nacional en mantener la seguridad ciudadana, ante situaciones de perturbación de la misma.

Así lo indicó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al contestar las preguntas del pliego interpelatorio planteado en el Congreso de la República.

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Torres Vásquez refirió que en marzo pasado, asociaciones de transportistas ya realizaban paralizaciones y bloqueos. A esto se sumaron, desde el 1 de abril, grupos de trabajadores agrarios, a través de un paro nacional, agregó.

El premier precisó que informes de inteligencia policial y del Ministerio del Interior dieron cuenta de que en ese contexto, se preveía la realización de acciones violentas en Lima y Callao. Ello llevó a declarar para el 5 de abril inamovilidad social obligatoria, en salvaguardia de la seguridad ciudadana, reclacó.

En razón de eso, expresó que no fue necesario emitir una norma derogando esta orden de inamovilidad, toda vez que esta situación tenía un plazo fijo para dejar de estar en vigencia.

Al concluir con el tema, la congresista Flor Pablo del Partido Morado, pidió que se precisará al Legislativo el contenido de los informes de inteligencia y del Mininter, razón por la cual la sesión plenaria pase a ser reservada.

El pedido fue admitido por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, motivo por el cual la reunión se desarrolla sin el acceso a la prensa.

Previamente, el jefe de Gabonueter Ministerial absolvió otras preguntas. Torres señaló que 149 personas resultaron con traumatismos de naturaleza múltiple, pero superficiales, y que todas ellas fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Añadió también que la acción policial permitió la detención de 46 personas durante las protestas, 27 de ellas se produjeron en Huánuco, 14 en Junín y cinco en la región de Ica.