El Tribunal Constitucional recibió el expediente de Alberto Fujimori, remitido desde Ica por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, confirmó Elio Riera, abogado del expresidente.

A través de la red social X (antes twitter) Riera instó al máximo órgano constitucional actuar con celeridad en este caso.

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“Apelamos a la mayor celeridad del TC, para ejecutar en el más breve plazo su resolución sobre la libertad de mi patrocinado”, agregó.

Hay que señalar que el primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo de Vicente Fernández, declaró el último viernes improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que restablecía el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

¿POR QUÉ NO EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO JUZGADO DE ICA?

La misma resolución dispuso que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para porque no se considera competente para liberar al expresidente, sentenciado a 25 años de prisión.

Entre sus argumentos para no emitir pronunciamiento señala que la demanda de hábeas corpus no fue declarada fundada por su juzgado.

En esta línea, sostiene que le corresponde al Tribunal Constitucional emitir el pronunciamiento sobre la libertad del expresidente Alberto Fujimori.

“En consecuencia, por mandato legal, corresponde al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, más no así al Juzgado donde se originó la demanda de hábeas corpus, según corresponda, emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la SENTENCIA ESTIMATORIA contenida en la SENTENCIA DEL PLENO NO 78/2022 de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori, al haberse declarado fundado la demanda de hábeas corpus en dicha máxima Instancia constitucional, precisa la resolución.

Como se sabe, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori en la Navidad de 2017, beneficio que fue anulado el 2019 por la Corte Suprema, para luego ser restituido en marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional.

Alberto Fujimori actualmente está recluido en la prisión del penal de Barbadillo, donde cumple una condena por 25 años por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta.