La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado peruano que le remita hasta el 6 de diciembre un informe sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori y el cumplimiento de su resolución, emitida el 2022, que impide su liberación.

"Siguiendo instrucciones del presidente del tribunal se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre del 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta corte en la resolución de 7 de abril del 2023", señala el tribunal supranacional.

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El documento, que lleva la firma del secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, se da en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

De acuerdo con el diario El Comercio, el procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño Balarezo, confirmó que –como representante del Estado peruano ante la Corte IDH– fueron notificados del pronunciamiento.

Como se recuerda, la Corte IDH dispuso en dicha resolución que el Estado peruano  "debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos al indulto 'por razones humanitarias' concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017".

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA DE ALBERTO FUJIMORI?

La defensa del expresidente señala que corresponde al juzgado de Ica ejecutar la resolución del TC. Para Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, esta instancia tendría que notificar a la autoridad penitenciaria para que se cumpla con su liberación.

Argumentó que a Alberto Fujimori se le restablecerían los derechos que le fueron otorgados cuando se le concedió la gracia presidencial del indulto, en diciembre de 2017.

En caso no se logre concretar la liberación, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como el de la Corte Suprema, que anularon el indulto en el 2022, indicó que recurrirían a la Convención de Viena y al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.