El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, evaluó en audiencia la solicitud de tutela de derechos promovida por la Procuraduría General del Estado en el marco de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y otros, por el presunto delito de genocidio.

Durante la sesión, la representante de la Procuraduría pidió al juez declare nula el acta de continuación de la declaración indagatoria del premier Alberto Otárola, realizada el 16 de febrero, y se ordene a la Fiscalía de la Nación que programe una nueva diligencia con participación del procurador en representación de la parte agraviada.

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La Procuraduría alega que en ese acto no intervino su representante y, por eso, se vulneraron el debido proceso, el derecho a la defensa de la parte agraviada y el principio de seguridad jurídica.

Por su parte, el fiscal Elmer Ríos sustentó que la no participación del representante de la Procuraduría durante la continuación de la declaración del premier no generó indefensión en la parte agraviada.

“La no participación en la declaración del investigado Alberto Otárola no puede considerarse un atentado al derecho a la defensa de los sujetos procesales, toda vez que la norma procesal autoriza a estos a tener acceso a lo actuado, ya sea a través de la lectura de la carpeta fiscal o de la obtención de copias de la misma”, indicó.

A respecto, expresó que un día después de la continuación de la declaración del premier, o sea el 17 de febrero, la Procuraduría presentó un escrito solicitando la lectura de la carpeta fiscal y las copias digitalizadas de la misma, la cual fue atendida oportunamente. 

En tanto, Grace Ortega Fernández, abogada del premier Alberto Otárola, coincidió con los argumentos de la Fiscalía, y también solicitó al juez declare improcedente el pedido de la Procuraduría.     

Tras concluir los informes orales en la audiencia, el magistrado anunció que su decisión lo notificará en el plazo de ley.