Las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones deben contar con mecanismos para identificar y sancionar a aquellos distribuidores que actúan indebidamente y fomentan la contratación del servicio móvil en la vía pública, así lo señaló el presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Rafael Muente Schwarz.

Precisó que, si bien el ente regulador promueve la competencia entre las empresas operadoras, no se puede permitir que persistan prácticas, como la venta de chips en la vía pública, que generan altos riesgos para la seguridad de las familias peruanas.

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“Las empresas están demostrando falta de control y responsabilidad sobre su cadena de distribución”, indicó y añadió que no hay manera de certificar que en una venta ambulatoria se sigan todos los protocolos necesarios para darle seguridad a los ciudadanos que adquieren una línea móvil.

Como se recuerda, en diciembre de 2021, el OSIPTEL reinició las acciones de fiscalización contra la venta en la vía pública de chips móviles en el territorio nacional tras desestimarse los cuestionamientos emitidos a la entidad por parte de las empresas operadoras ante el Indecopi.

Con estas acciones se constató que las empresas operadoras continuaron ofreciendo a los ciudadanos chips móviles y realizando la contratación del servicio en las calles, por lo que se dispuso el inició procesos sancionadores y medidas cautelares a Movistar, Claro, Entel y Bitel, ordenando el cese de las contrataciones del servicio móvil en puntos de venta no reportados.

El presidente ejecutivo del OSIPTEL explicó que la venta ambulatoria está vinculada con la informalidad y con ella existen mecanismos que estimulan o facilitan actividades delictivas, como el robo de identidad a través del mal uso de la huella digital, contrataciones fraudulentas y hasta fraudes financieros, por lo que no debe permitirse. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que no compren chips móviles en la calle y, más bien, acudan a los puntos de venta debidamente registrados.

Congreso tiene la palabra para fortalecer capacidad sancionadora del OSIPTEL

Rafael Muente aseguró que la preocupación del ente regulador siempre será la seguridad de los ciudadanos y el respeto a sus derechos como usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. “En OSIPTEL estamos haciendo cumplir las normas, aplicando las medidas sancionadoras que correspondan si advertimos que continúa este tipo de comportamiento contrario al interés general”, apuntó.

Durante los años 2020 y 2021, las multas firmes impuestas por el OSIPTEL a las empresas operadoras sumaron 1624.3 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), lo que equivalió a más de 7 millones de soles por infracciones relacionadas a la contratación del servicio móvil en puntos de venta no reportados, como la vía pública, o por el incumplimiento de medidas cautelares ordenadas por el regulador.

Sin embargo, Muente recordó que es necesario fortalecer la función sancionadora y fiscalizadora del OSIPTEL, pues si tuviera la capacidad de sancionar de forma más contundente a las empresas, se generarían mayores incentivos para que estas cumplan con las normas. Recordemos que el OSIPTEL es el regulador con topes de sanción más bajos respecto a los demás reguladores.

En ese sentido, manifestó que han solicitado, en reiteradas veces, al Congreso de la República, aumentar el tope sancionador a límites superiores y similares a otras entidades; proveyendo de esta forma al OSIPTEL de mayores y mejores mecanismos que disuadan tanto conductas como prácticas que impacten negativamente en los usuarios y en el mercado de las telecomunicaciones.

Con información de OSIPTEL