La velocidad es uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales. Las velocidades altas están asociadas no solo con mayores probabilidades de accidentes de tránsito, sino que influye directamente en su gravedad, incrementando la probabilidad de lesiones y muerte. 

En el Perú, según la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (www.onsv.gob.pe), se tiene que, entre el 2010 y el 2020, los accidentes por exceso de velocidad representaron un 30.7% del total de accidentes de tránsito. Más aún, en lo que va del año 2021 hasta junio, las muertes de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas, etc.) en las vías representa el 57% de las muertes.

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En atención a ello, el MTC realizó la modificación en el Reglamento de Tránsito para reducir los límites máximos de velocidad en zonas urbanas y de vías que cruzan centros poblados, y así proteger la vida de todos los usuarios, sobre todo de los más vulnerables. A través del Decreto Supremo N° 025-2021-MTC se han incluido los siguientes cambios respecto a los límites máximos en zonas urbanas. En calles y jirones es de 30 km/h y en avenidas 50 km/h.

De manera similar, se han modificado los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados o viviendas ubicadas de forma continua o dispersa parcialmente, zonas escolares u hospitales como sigue. En zonas comerciales: 30 km/h, en zonas residenciales: 50 km/h y en zonas escolares / hospitales: 30 km/h.

Los nuevos límites entrarán en funcionamiento en 365 días con el propósito de seguir educando a la ciudadanía. Las municipalidades a nivel nacional deben adecuar su sistema de señalización y sobre todo sensibilizar a la población.

Asimismo, el Decreto Supremo introduce el criterio de gradualidad de sanciones por exceder los límites de velocidad; considerando que los excesos de velocidad cuanto más altos, mayor riesgo representa para la vida y salud del conductor y de los otros usuarios de la vía.

Es así, como Perú se convierte en uno de los pocos países de la región en apostar por establecer límites de velocidad seguras en zonas urbanas en beneficio de toda la población. Sin embargo, la norma es solo un primer paso de una serie de acciones multisectoriales para su implementación y monitoreo a fin de que el país cuente con un sistema de gestión de velocidades.

Adicionalmente a ello, la norma introduce el concepto de usuarios vulnerables para referirse a peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y motociclistas, personas con discapacidad, niño/as, personas de la tercera edad, entre otros.