Cerca de 20 dragas que eran utilizadas para la extracción ilegal de oro fueron destruidas durante un megaoperativo ejecutado del 11 al 19 de octubre en la cuenca alta del río Nanay, en la región Loreto.

La intervención también permitió la incautación de aproximadamente 6500 galones de combustible y la destrucción de campamentos mineros donde se almacenaban insumos para esta actividad ilícita.

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El operativo fue liderado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), en articulación con la Marina de Guerra del Perú, el Ejército del Perú, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea del Perú, el Gobierno Regional de Loreto y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

ACCIÓN CONJUNTA EN DEFENSA DEL RÍO NANAY

Las interdicciones se realizaron entre las comunidades de San Juan de Ungurahual, Pucaurco y Alvarenga, ubicadas en el distrito de Alto Nanay de la provincia de Maynas, donde operaban los campamentos dedicados a la minería ilegal.

Como parte de las labores de este operativo, el pasado 29 de setiembre, un sobrevuelo de reconocimiento sobre la cuenca alta del río Nanay, que permitió identificar las coordenadas de ubicación de los campamentos mineros a intervenir.

Esta labor fue realizada por personal de la FEMA, Marina de Guerra, Policía Nacional del Perú y el Sernanp, con el apoyo de la organización Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.

COTINUIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL

Este operativo complementa las acciones que se vienen desarrollando en esta zona durante el presente año. Es así que solo entre los meses de julio y agosto de 2025 se destruyeron otras 28 dragas, así como siete campamentos mineros.

De acuerdo con el Sernanp, este nuevo golpe contra la minería ilegal responde a la estrategia de defensa del territorio nacional y la erradicación de actividades ilícitas que afectan la protección de nuestra biodiversidad y el bienestar de las comunidades.

El organismo reafirmó su compromiso en la erradicación de esta ilegal actividad, tanto en el ámbito de las áreas naturales protegidas como en sus zonas colindantes, en el marco de una política de conectividad ecológica y articulación interinstitucional con las entidades competentes.

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