El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato suscribieron este jueves 15 de septiembre el acuerdo final de colaboración eficaz con la empresa Aenza.

A través del convenio, firmado en la sede del Ministerio Público, Aenza reconoce que la antigua empresa Graña y Montero junto a sus dos subsidiarias GyM y Concar, así como parte de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.

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En el acuerdo también se reconoce que dichas compañías participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras, para dar la apariencia de competencia en el esquema del denominado “Club de la Construcción”.

Por todo ello, la empresa tendrá la obligación de colaborar con la justicia aportando información y pruebas de relevancia penal para todas las investigaciones relacionadas a las obras que forman parte del convenio, incluyendo el caso “Club de la Construcción”.

Mediante el acuerdo, Aenza se compromete a pagar al Estado peruano, hasta el momento, alrededor de S/ 480 millones de reparación civil por los daños ocasionados en los referidos 16 proyectos y por participar en concursos públicos para dar la apariencia de competencia en las otras 48 obras. 

El monto de la reparación civil fue calculado por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato bajo las fórmulas y parámetros de la Ley 30737 y su reglamento. La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años. La cuota inicial será de S/ 14 millones aproximadamente, la cual se pagará una vez que el acuerdo sea aprobado por el Poder Judicial. 

Fideicomiso, renuncia a arbitrajes y pago de deudas

El convenio establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las 12 cuotas de la reparación civil, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación. 

El acuerdo incluye una cláusula donde la empresa se compromete a no iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio. 

Asimismo, en el marco de las negociaciones para la firma del acuerdo, la Procuraduría Ad Hoc logró que Aenza y la Municipalidad Metropolitana de Lima suscriban un acuerdo para la terminación anticipada del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur. En dicho documento, la compañía se ha comprometido a renunciar al cobro o pedido de compensaciones de varios conceptos por la terminación del contrato. 

De otro lado, Aenza también se ha comprometido a desistirse de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco. Por uno de esos desistimientos, se evitaría que dicho gobierno regional realice pagos ascendentes a S/ 33 millones. Estas acciones se suman a su desistimiento de la solicitud de arbitraje que la empresa presentó ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a S/ 700 millones de soles o US$ 250 millones. 

El convenio establece además que Aenza deberá implementar un programa de cumplimiento para prevenir delitos de corrupción e instaurar una cultura interna de apego a la ley. También deberá informar anualmente a la Fiscalía sobre la aplicación de este programa y que los colaboradores que cometieron delitos ya no laboran en la compañía. 

El acuerdo será presentado al Poder Judicial en las próximas semanas para su aprobación. Antes de ello, Aenza deberá acreditar que no tiene ninguna deuda exigible en materia laboral y tributaria. 

“Pago de Aenza es adicional al de los señores Graña” 

La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, sostuvo que “el pago de reparación civil de Aenza será adicional a los cerca de S/ 60 millones que pagarán los señores Graña Miró Quesada y Graña Acuña”, quienes también han firmado acuerdos de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría. 

“Este convenio tiene gran valor porque nos permitirá utilizar valiosa información y testimonios que permitirán obtener sentencias condenatorias, así como interponer otras acciones legales contra del resto de investigados que se niegan a colaborar con la justicia”, agregó. 

Al mismo tiempo, “permitirá que el Estado obtenga un monto de reparación civil importante que se cobrará de manera efectiva porque las cuotas cuentan con mecanismos de aseguramiento”, destacó la defensora del Estado. 

Finalmente, Carrión Ordinola resaltó que “este tipo de acuerdos muestran que el instituto de la colaboración eficaz corporativa puede ser un instrumento potente no solo para la averiguación de la verdad, sino también para que el Estado obtenga de manera efectiva el resarcimiento económico por los delitos que le han causado agravio”.

Información de la Procuraduría General del Estado