A través de una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 12 de enero, el Ministerio Público, encabezado por Patricia Benavides, oficializó la división de las fiscalías de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo.

Así, la Fiscalía Superior Nacional y las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo pasarían a ser dos entes diferentes: una especializada en derechos humanos e interculturalidad y la otra, en terrorismo y delitos conexos.

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Anteriormente, existían 2 fiscalías superiores y 10 supraprovinciales que veían temas de derechos humanos y terrorismo en las regiones de Lima, Ayacucho, Pichari-Cusco, Huánuco, Apurímac, Junín y Huancavelica.

Con este cambio, quedaría una Fiscalía Superior Nacional en Derechos Humanos e Interculturalidad, que operaría a nivel nacional, y 6 supraprovinciales, las cuales estarían presentes en Ayacucho, Junín, Apurímac, La Libertad, Madre de Dios y Ucayali.

Respecto a la nueva Fiscalía Superior Nacional en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, esta tendría sede en Lima. A esta se sumaría la creación de fiscalías supraprovinciales en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Pichari-Cusco.

Dentro de la medida, también se incluye la reasignación, el cese y el nombramiento de fiscales, así como la reducción de personal en algunos casos, esto debido a cuestiones presupuestales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación respecto a la medida, ya que se estaría dando en un contexto de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, esto como producto de las manifestaciones iniciadas en diciembre del 2022, las cuales van dejando 49 víctimas mortales y más de 600 heridos.

Puedes leer la resolución compelta aquí.