El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, encabezó este jueves la XXII sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), que aprobó, por unanimidad, importantes medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

En primer lugar, se aprobó el desarrollo de Estrategias Regionales Criminológicas en territorios priorizados, que contemplarán iniciativas ajustadas a la fenomenología delictiva por cada región, con el fin de reforzar la prevención y la administración de la justicia penal. El cronograma propuesto prioriza a las regiones Callao y La Libertad, para este año, y Ucayali y Arequipa, para el 2023. 

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Asimismo, se aprobó la Ruta Operativa para adoptar el enfoque de interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia Penal 2022 – 2023. De esta manera, se priorizarán los procesos inmediatos en casos de flagrancia por delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, ampliándose progresivamente a otros tipos delictivos; así como los servicios de acceso digital inmediato a antecedentes, requisitorias, agenda electrónica interoperable de audiencias, ubicación de internos en tiempo real, y alerta de vencimiento de prisión preventiva.

El CONAPOC, además, acordó encargar al Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA, en coordinación con el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), el diseño y ejecución de la Encuesta de Población en Centros Juveniles de Lima Metropolitana para el 2022, así como la planificación del desarrollo de un censo nacional de los Centros Juveniles en el 2023.

El objetivo es conseguir información de las trayectorias de vida, caracterización criminológica y expectativas sobre la población de adolescentes internados en los centros juveniles de la capital.

El titular del MINJUSDH destacó la importancia de los acuerdos adoptados en la sesión de hoy, a la que calificó de muy productiva. Agradeció la presencia de los representantes de las instituciones que conforman este espacio y los invocó a trabajar de manera conjunta para combatir el crimen y garantizar la defensa de los derechos humanos.

En la reunión de trabajo participaron el ministro del Interior, Mariano González; el jefe del INPE, Omar Méndez; y representantes del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Municipalidad de Lima, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, INEI y universidades.

Informes

En la sesión de hoy también se presentaron informes. El primero, del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad sobre el estado situacional de la criminalidad en el Perú y las cifras de homicidios que, revela, entre otros indicadores, que 21 de cada 100 personas mayores de 15 años ha sido víctima de algún hecho delictivo. Respecto a los homicidios, la información preliminar indica que, para el año 2019, la tasa por cada 100 mil habitantes es de 7,4 y, para el 2020, de 5,8.

El segundo informe, “La tala ilegal en la Amazonía peruana”, del INDAGA, confirma, entre otros aspectos, que en el país existen ocho grandes rutas de transporte de la madera ilegal y que, en términos de afectación a poblaciones vulnerables, la tala ilegal de madera impacta principalmente en la vida de comunidades indígenas alojadas en los territorios de Pano, Cacataibo, Isconahua y Huaorani.

El informe sobre la “Migración y crimen en el Perú”, de INDAGA, entretanto, da cuenta que la población venezolana en nuestro país es de 1 millón 57 mil 251 personas, y que el 36.2% del total ha conseguido regularizar su estatus migratorio. Asimismo, que a fines del 2021 la población venezolana que se encuentra recluida en establecimientos penitenciarios asciende a 1,561 personas, de las cuales 360 tienen sentencia.

Respecto a la Modificación del Código de Ejecución Penal, se informó que 9 de junio de 2022 se instaló el Grupo de Trabajo respectivo y, el 23 de junio, la mesa académica con catedráticos de siete universidades de Lima para revisar las principales propuestas. 

En cuanto a la Estrategia Nacional contra los Ciberdelitos, se dio cuenta de la instalación de la Mesa Consultiva que elaborará la propuesta y que se ha presentado el Plan de Trabajo para su elaboración, en un periodo de cuatro meses.